Pese al rechazo manifestado por legisladores de todos los partidos al IVA en colegiaturas, la Unión de Padres de Familia (UNPF) no bajará la guardia e insistirá en la cancelación inmediata de la propuesta para gravar la educación privada “A veces hay sorpresas y no queremos correr ese riesgo”, dijo Consuelo Mendoza, al referirse a otras ocasiones en que legisladores mantienen una postura ante los medios y “cambian de opinión” a la hora de las votaciones.
Ante esa circunstancia, la representante de los padres de familia informó que la semana entrante visitarán a los diputados de la Comisión de Hacienda, y de Educación para reiterar su inconformidad ante el impuesto a la educación privada que, según la UNPF, podría obligar a muchas familias a sacar a sus hijos de colegios y escuelas particulares.
“De la misma manera que aportamos propuestas para la reforma educativa, los diputados tienen que escucharnos y comprometerse a defender a la clase media y votar contra este impuesto incluido en la reforma hacendaria”, advirtió Mendoza García.
ÉXODO LATENTE
Desde que se dio a conocer la propuesta para aplicar un impuesto de 16% en los costos de la educación privada, el domingo pasado, cientos de directores de escuelas particulares llamaron a la UNPF para hacer patente el rechazo a la medida tributaria.
El argumento coincidente: un incremento de esa magnitud podría obligar a 4 de cada 10 alumnos de colegios privados a emigrar a planteles públicos.
“Nos dicen que se verían afectados un gran número de familias que ya no podrían soportar el pago de mensualidades e inscripción, y calculan que más de 40% de los alumnos podrían salir”, aseguró la presidenta de la UNPF.
Ese éxodo, agregó, también podría ser contraproducente para la educación otorgada por el Estado: “Un abandono masivo de la escuela particular y un aumento repentino en la escuela pública representaría un gasto económico billonario para el gobierno, porque hoy los padres que mandan a sus hijos a colegios le están dando espacios a niños que de otra manera quizá no tendrían educación”.
Para Mendoza, la obligación tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Cámara de Diputados es, primero, escuchar la inconformidad ciudadana y, después, buscar mecanismos alternativos para aumentar la recaudación “Esperamos que el Gobierno y los diputados encuentren las políticas o directrices para que los ciudadanos, en este caso los padres de familia de clase media, no se vean afectados por más gastos de los que ya tienen”, finalizó.
(Manuel Larios)
