En unos 15 días, la perredista Claudia Cortés, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa, presentará una nueva iniciativa de Ley de Movilidad para el DF que, además de considerar las necesidades de los transportistas, descartaría el documento presentado hace más de cinco meses por la panista Laura Ballesteros para regular la misma materia.
“Esta es una iniciativa que se sube en mayo. Está con un proyecto de dictamen en el que estamos determinando al interior de la comisión que la misma no es viable. Se ha entrado al estudio de fondo y en el dictamen estamos manejando todas las inconsistencias y omisiones”, señaló Cortés.
Según ella, el documento no se ajusta a las necesidades reales; como ejemplos puso que se pretende que los concesionarios del transporte público hagan declaraciones patrimoniales cuando no son funcionarios, y usa el término derogar en lugar de abrogar. Además, le restaría facultades al jefe de Gobierno y a la Secretaría de Transporte y Vialidad.
En cambio, según la perredista, es necesario analizar la problemática de los operadores del transporte público, que han sido “satanizados”, y tienen necesidades que los usuarios probablemente desconocen, como la falta de mantenimiento a las unidades porque el dinero no les alcanza sin una tarifa adecuada.
“Es importante terminar con el estigma, el sector es satanizado, hace falta capacitación pero adecuada y unidades para que puedan prestar el servicio”, aseguró la perredista al inaugurar el foro, en el que únicamente participará el sector transportista.
Según Cortés, deben analizarse los siguientes problemas con los operadores del transporte público: conectividad, intermodalidad y accesibilidad, situación de las vialidades y modos de transporte, el alza continua y preocupante de los precios de los energéticos, equilibrar con las tarifas un ingreso justo para los transportistas con un gasto razonable para los usuarios, el incremento de la contaminación y riesgos a la salud y los elevados índices de accidentalidad y falta de cultura vial.
Todo ello llevaría a que un nuevo marco jurídico –una Ley de Movilidad— contenga una política tarifaria –que incluya una fórmula para que el precio del transporte público se ajuste de manera periódica— así como derechos y obligaciones de los transportistas.
(MARCELA NOCHEBUENA)
