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Los desmanes del 1 de diciembre quedarán como un precedente funesto. Tenemos a vándalos sin castigo y a personas que terminaron de manera injusta en la cárcel. Y tenemos, sobre todo, a una policía capitalina que no pagó por los múltiples abusos cometidos ese día.
Porque se puede estar medianamente de acuerdo con lo que ha determinado el gobierno capitalino esta semana: que en contra de una solicitud de transparencia decidió no revelar los detalles del plan policiaco del #1Dmx.
De acuerdo en parte porque es cierto que desvelar detalles sobre cómo se monta un operativo policíaco pudiera comprometer el éxito de futuros despliegues de la policía.
Pero en lo que no se puede estar de acuerdo es en que tres meses después de los abusos los capitalinos no sepan quién ordenó esas absurdas y abusivas detenciones, y que no haya habido sanción ejemplar tanto a mandos como a elementos que todos vimos –a través de videos y fotografías– actuar de manera cavernaria. Ahora el InfoDF ha insistido a la SSP en que al menos debe dar a conocer los nombres de los responsables, lo que pondrá al GDF a la defensiva, cuando pudo haber sido el líder en la clarificación de este episodio.
Lo que ocurrió en el Distrito Federal el primero de diciembre sería igualmente grave en cualquier otra ciudad. Pero en esta es especialmente preocupante el cómo se han manejado las cosas porque se trata de la entidad que se supone que es una referencia sobre cómo son los gobiernos de la izquierda mexicana.
Si el propio jefe de gobierno prometió una investigación (en una entrevista dijo: “no vamos a cerrar el expediente, continuaremos con las investigaciones… vamos a analizar la conducta de los agentes y a saber quién ordenó esas detenciones”) y si pasados tres meses la apuesta parecía ser el olvido, hay motivos para temer que hemos desperdiciado la oportunidad de aprender de esos terribles hechos.
Hemos, así, en plural, porque si este tema salió de la agenda prioritaria del Distrito Federal es porque la comunidad así lo ha permitido.
Cuando se avecinan momentos de previsible polarización social –por la discusión que habrá en torno a las programadas reformas energética y fiscal–, es una pena que no tengamos la seguridad de que el gobierno capitalino y su policía aprendieron la lección, que no tengamos la certeza de que no veremos más a uniformados detener a gente que protesta pacíficamente o que simplemente le toca la de malas de estar en el lugar equivocado en un momento inoportuno. Hemos desperdiciado la oportunidad de aprender de un error. Ojalá el precio de ello no sea demasiado alto.
Fin
¡Anímate y opina!
*Periodista, colaborador de El País, columnista en La Razón y sinembargo.mx
(Salvador Camarena)
