Ante un posible resurgimiento de manifestaciones violentas por la discusión de la reforma energética, es necesario revisar la normatividad que las regula y modificar las sanciones.
Así lo consideró el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, al señalar la urgencia de aprobar las reformas a los artículos 362 y 364 del Código Penal, que ellos mismos presentaron.
En estas, plantean aumentar en una tercera parte la pena a quienes realicen acciones violentas en contra de particulares o bienes privados, así como cuando esas conductas se realicen utilizando elementos que impidan total o parcialmente la identificación de las características fisonómicas de los individuos, lo que se conoce comúnmente como “encapuchados”.
En tanto, para quienes dirijan, organicen o patrocinen económicamente a otros para cometer un motín, se les aplicaría una pena de dos a cinco años de prisión y 60 a 100 días de multa.
En el DF, se han registrado casi 5 mil manifestaciones a nivel local en lo que va de este año.
¿Cómo empezó todo?
El artículo 362 fue modificado a finales de diciembre del año pasado luego de la violencia que se desató el primer día de ese mes durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República.
“Respecto los acontecimientos ocurridos el pasado 1 de diciembre de 2012, se detuvieron a 69 personas, 55 fueron liberadas prácticamente de inmediato y 14 fueron sujetas a proceso penal por el delito de ataques a la paz pública”, recuerda el PAN en la argumentación de la reforma.
La libertad de esas más de 50 personas se logró luego de semanas en las que se exigió la derogación del artículo, pero finalmente resultó sólo en reducir la sanción de “ataques a la paz pública”, de 5 a 30 años a 2 a 7, de manera que pudieran salir con fianza.
La modificación fue publicada el 27 de diciembre de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para quedar así: “Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.
De acuerdo con la legisladora local Laura Ballesteros, el trabajo de Acción Nacional impidió la derogación del artículo y que se incluyera la parte de reincidencia.
Nuevas reformas
Ahora, lo que el PAN propone es que se especifiquen las acciones que se consideran disturbios a la paz, y que los ataques a particulares y el rostro cubierto impliquen un aumento de una tercera parte de la pena.
“Lo que estamos pidiendo son dos cosas en el 362, la primera es que se particularice a qué se refiere con disturbios de la paz pública, qué tipo de alteraciones, y dos, que también sea agravante usar una capucha para cometer algún tipo de disturbio”, explicó Ballesteros.
Por otro lado, en el artículo 364 quedaría consignada la sanción de 2 a 5 años de prisión y 60 a 100 días de multa “a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín”.
Réplica federal
La iniciativa panista se presentó el pasado 12 de junio en la Asamblea Legislativa, y replica otra con la misma finalidad que el diputado Jorge Sotomayor promovió en el Congreso de la Unión y a la que se adhirieron 150 diputados federales, enfocada a sancionar a quienes se cubren el rostro en las manifestaciones.
“Es preocupante el hecho de que tengamos a la vuelta de la esquina la discusión de la reforma energética y de la reforma fiscal.
Estos temas van a derivar en manifestaciones, seguramente violentas”, apuntó Sotomayor.
Las diputadas locales Laura Ballesteros y Gabriela Salido subrayaron que Acción Nacional no está en contra de la libre manifestación, pero esta, aclararon, no debe ni puede poner en peligro la seguridad del resto de los ciudadanos.
“Que quede muy claro que esto está enfocado no para sancionar las marchas o las manifestaciones, sino los actos vandálicos”, subrayó Ballesteros.
Responsabilidad policiaca
Para que las reformas al 362 y 364 funcionen, a la Procuraduría le corresponde hacer su trabajo y dar parte del avance de la investigación acerca de quiénes son los autores de los actos vandálicos, dónde están y a quién responden.
“Esa es la labor policiaca que tendrán que estar informando. Estas reformas están destinadas a la protección de todos los ciudadanos, no a castigar a ‘x’ o ‘y’ grupo”, acotó Ballesteros.
Y aclaró que si los cambios se aplican a cabalidad, con las agravantes de reincidencia y rostro cubierto, ya no sería posible liberar con fianza a quienes cometen actos vandálicos. “Estamos en un momento histórico para poder demostrar como Asamblea Legislativa que nos interesa la seguridad de los capitalinos, y que sobre todo, un gobierno fortalecido para que pueda aplicar la norma de manera justa.
El PRD tendría que ser el primer preocupado para generar estas herramientas”, añadió la panista.
SANCIONES
El PAN propone:
-2 a 5 años por utilización de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, material radioactivo, explosivos y armas de fuego.
-Incremento en una tercera parte de la pena a los “encapuchados”.
-2 a 5 años de prisión a quienes dirijan, inciten o patrocinen económicamente a otros en el delito de motín. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, estas son las movilizaciones que se han registrado en el Distrito Federal en el primer trimestre de 2013:
-4 mil 925 movilizaciones sociales en total
-2 mil 506 movilizaciones a nivel local en total
-290 marchas
-57 mítines
-Mil 406 concentraciones
-12 plantones
-495 bloqueos viales
-2 toma de instalaciones
-27 caravanas
(Marcela Nochebuena)
