Aunque el presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, ha reiterado que el órgano no discutirá la regulación de marchas, por tratarse de un asunto federal, los panistas insisten y ayer presentaron ante esa comisión una iniciativa de ley para poner reglas a las manifestaciones.
El texto Ley de Manifestaciones Públicas para el DF recuerda que este derecho tiene las siguientes limitaciones: no atacar la moral o los derechos de terceros, no provocar ningún delito y no perturbar el orden público.
El documento propone que el horario para realizar marchas sea de 11 a 18 horas, la obligación de los organizadores de avisar a la Secretaría de Gobierno, la facultad para la autoridad de modificar el recorrido por motivos de orden público, además de prohibir la manifestación con armas, injurias o violencia y destinar sólo el 50% de la vialidad, del lado de la acera derecha, o los carriles laterales para las marchas.
“Regular las manifestaciones, marchas y bloqueos en el Distrito Federal es urgente ante el cansancio de los ciudadanos que día a día ven lesionado su derecho al libre tránsito como consecuencia de quienes cierran y obstruyen las vialidades, los accesos a sus domicilios, comercios y lugares de trabajo”, argumentan los panistas Priscila Vera y Gabriel Gómez del Campo en la justificación de la iniciativa.
Esto, de acuerdo con los legisladores, se debe a la anuencia y complacencia de las autoridades que gobiernan el DF, quienes han promovido, apoyado y permitido las manifestaciones, marchas, plantones y bloqueos, ignorando las leyes y la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Este es el caso de la Ley de Transporte y Vialidad, que establece en su título cuarto un principio de regulación de las marchas y le da facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para controlarlas.
El texto documenta que según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo local estima que al día un plantón, bloqueo o manifestación genera pérdidas en los comercios aledaños de entre un 50 y 70% de sus ingresos.
La iniciativa panista propone que los representantes, organizadores o líderes de la marcha señalen, como mínimo, en su aviso a la Secretaría de Gobierno, los nombres de las personas físicas o morales que convocan, su domicilio, el día, lugar y hora de la manifestación, el número aproximado de participantes y las medidas de seguridad previstas.
Además, las marchas sólo podrán llevarse a cabo en vialidades de tránsito vehicular, plazas públicas o espacios de uso común que no afecten los derechos de terceros.
La iniciativa establece multas de 11 a mil 500 días de salario mínimo, dependiendo la trasgresión, e incluso arresto administrativo, reparación del daño y actividades de apoyo a la comunidad.
(Marcela Nochebuena)
