Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) son los que más cometieron actos de tortura contra ciudadanos en lo que va del año.

Así lo informó Perla Gallardo, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), durante la presentación de la recomendación 14/2014 emitida por el organismo.

De los 95 casos de víctimas de tortura que se utilizaron para conformar la recomendación, 78 son denuncias contra funcionarios de la PGJDF, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF), cuatro contra ambos organismos y tres contra la subdirección del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno.

“La tortura es una práctica que debe ser considerada un delito… los elementos que contiene son: la intencionalidad, la gravedad y la finalidad que implica el castigo para la generación de una confesión por esta vía”, explicó ayer Gallardo, en conferencia de prensa, al presentar el documento del organismo de derechos humanos.

La recomendación incluye el análisis de 65 expedientes de queja acumulados en 47 casos y condenó los actos de tortura, que continúan a pesar de las acciones emprendidas por las instituciones, y demandó una estrategia integral para combatir esa práctica.

LO QUE SIGUE

La CDHDF emitió los siguientes puntos recomendatorios a la Procuraduría de Justicia local: iniciar un procedimiento de responsabilidad penal y administrativa contra los funcionarios implicados; capacitación especializada y permanente a su personal; proveer rehabilitación sicológica a las víctimas, así como indemnizarlas e implementar un Mecanismo Interinstitucional de Prevención, Investigación, Sanción y Erradicación de la Tortura.

La PGJDF, junto con las dos instancias antes mencionadas y la Consejería Jurídica local, tiene 15 días para responder a la recomendación.

“La comisión de tortura desencadena una serie de violaciones a otros derechos, como el derecho a la libertad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por mencionar algunos”, afirmó Perla Gallardo.

Agregó que en un estado democrático de derecho, conductas de este tipo no pueden ser toleradas y en la capital la impunidad funge como un factor que perpetua e incentiva esta práctica.

LAS VIOLACIONES

Estas fueron las violaciones identificadas por el organismo de derechos humanos de la capital del país:

*Derecho a la integridad personal, en particular el derecho a no ser sometido a ningún acto de tortura.

*Derecho a la libertad personal, en particular al derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser presentado sin demora ante la autoridad que ordenó la localización y presentación del afectado.

*Derecho al debido proceso, en particular en cuanto al derecho de contar con una defensa adecuada, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de asistencia consular.

*Derecho al acceso a la justicia, derecho a que se investigue eficaz y oportunamente, así como también que se repare el daño a las víctimas.

(Luisa Cantú)