La ley vigente para regular las drogas en México es muy buena porque despenaliza el consumo, pero las dosis permitidas son tan pequeñas que muy pronto los usuarios son calificados como narcomenudistas.
La prueba de la criminalización de consumidores es que entre 2001 y 2009 el registro de delitos contra la salud se disparó de 20 mil a más de 60 mil, lo cual se debe a la detención de consumidores, pues el número de usuarios y la mariguana producida no crecieron, afirmó Héctor Aguilar Camín en el Foro sobre políticas públicas en materia de drogas organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se inició ayer.
Según el escritor, de acuerdo con datos de una encuesta a presos de centros federales de readaptación social coordinada por las especialistas Catalina Pérez Correa y Elena Azaola, el 80 por ciento de los reclusos están sentenciados por delitos contra la salud, y de ellos, el 57 por ciento es por mariguana. En el caso de las mujeres, el 80 por ciento de las presas por delitos contra la salud, es por mariguana.
“Queremos dar un paso muy preciso hacia la despenalización cabal de la mariguana en la ciudad de México. Esto tiene que ver con una legislación que cambie la cantidad autorizada a una cantidad razonable”, apuntó Aguilar Camín, “para hacer poco probable que un usuario real caiga rápido bajo la acusación de ser narcomenudista”.
Antonio L. Mazzitelli, representante de la oficina de Enlace y Parteneriado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en México, agregó que se debe separar la política de drogas de la política contra las organizaciones criminales.
“Es cierto que las drogas contribuyen de manera importante a lo que son los ingresos de las organizaciones criminales. Es cierto también que tienen muchas maneras para reemplazar sus ingresos. Que no se diga que los muertos de Monterrey están relacionados a los mercados de drogas; que no se diga que los muertos, que los migrantes, que el secuestro está relacionado al problema de las drogas. Seguramente no. La comunidad internacional ya ha reconocido está necesidad de cambiar de enfoque”, apuntó Mazzitelli.
Y recordó que mientras 250 sustancias están fiscalizadas, hay 252 nuevas que no tienen ningún tipo de reglamentación, por lo que se deben discutir los temas de tratamiento, rehabilitación y reinserción.
Edgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, coincidió en que se requiere una reforma federal para que el consumidor sea tratado como un adicto y no como delincuente.
La queja principal del TSJDF es que no existan cortes especiales para tratar las adicciones y que se siga criminalizando a los adictos, que son enfermos. El Tribunal ha tratado, aclaró, unos 300 asuntos relacionados con drogas en los últimos dos años.
El resto de las autoridades capitalinas destacaron la facultad que tiene la ALDF para mandar iniciativas al Congreso de la Unión, que según el Consejero Jurídico, José Ramón Amieva, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, sería el objetivo de los debates que se desarrollen en el foro, que continuarán hoy y mañana.
(Marcela Nochebuena)
