Los dos elementos fundamentales que le hacen falta al DF si realmente queremos hacer un cambio positivo son certeza jurídica y acabar con la impunidad.
Un claro ejemplo de ello es el área del desarrollo urbano, del uso de suelo. El crecimiento de la ciudad ha sido acelerado; sin embargo ¿se puede hablar de un proceso ordenado y equitativo? La respuesta está en la realidad que enfrentamos día a día.
Por todos lados aparecen edificios que sobrepasan las alturas permitidas, negocios y oficinas que operan indebidamente en zonas habitacionales, una tala desmedida para dar paso a obras ilegales con la protección de autoridades.
El que haya tantas construcciones y negocios que después regularizan los dueños porque fueron hechos en forma ilegal, se debe primordialmente a dos cosas. La primera es que las leyes están hechas a modo de que se puedan interpretar en beneficio de alguna de las partes, la segunda que la autoridad simplemente omite aplicarlas. Así, a nadie se sanciona por construir una obra ilegal o abrir un negocio prohibido.
Mientras que la ALDF regulariza obras construidas fuera de la ley, el ciudadano común denuncia las irregularidades. El desorden urbano se refleja en nuestra vida diaria en la forma de saturación vial, falta de servicios, deforestación, invasión de áreas públicas, contaminación de ruido, contaminación visual, redes de corrupción, etc. Estamos acostumbrados a ver cómo se perdona y premia a quien incumple las leyes y cómo se castiga a quien se apega a las mismas.
Diversos grupos ciudadanos han decidido poner un alto a la serie de abusos del sector inmobiliario que ha operado en complicidad con las autoridades. A principios de este año se recabaron y entregaron a la ALDF firmas de más de 800 colonias del DF. La exigencia es que se modifique la ley de desarrollo urbano y otros ordenamientos para dar certeza jurídica en el uso de suelo y que se sancione a los funcionarios que, a través de la omisión, han fomentado la corrupción en esta área.
Veremos si logra la sociedad detener esta vorágine causada por desarrolladores y autoridades que lleva a la ciudad a un abismo del cual será imposible salir. ¿Cuál será el factor definitorio en este proceso: la falta de agua, la imposibilidad de circular por las calles, el desplome de un mercado inmobiliario sobreofertado, el ecocidio de las áreas verdes, la destrucción de las zonas patrimoniales?
En una reunión reciente de diversos grupos con autoridades para presentar demandas ciudadanas, uno de los funcionarios preguntó: En resumen ¿qué es lo que buscan? A lo que alguien respondió, “Certeza jurídica y sanciones a funcionarios”. De inmediato el funcionario comentó, “¡Eso va a estar cañón!”.
Es responsabilidad de todos aprovechar el momento que vive el país para forzar un cambio de dirección. El nuevo destino es la certeza jurídica y la lucha contra la impunidad. Esto se logrará con la suma del esfuerzo de todos para crear una presión que obligue a legisladores y autoridades a hacer lo que prometieron al tomar posesión de sus puestos, hacer valer la ley.
