Se buscan mecanismos para que indígenas puedan pedir licencia en sus empleos cuando deban cumplir un encargo en sus comunidades
Manuela López, maestra en Ciencias Penales y Criminalísticas, renunció a su trabajo en la Ciudad de México para irse a cumplir durante tres años un cargo comunitario que le asignó la asamblea de su natal Santa María Jicaltepec, Oaxaca, una comunidad de Sistemas Normativos Indígenas (SNI). “Si nos eligen, hay que cumplir”, cuenta.
Después de servir a su comunidad como regidora de seguridad, la abogada de la nación Ñu´u Savi ya no pudo regresar a su mismo puesto en la capital porque no le dieron licencia.
Como ella, decenas de personas en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con su comunidad deben dejar su trabajo o bien, pagar a alguien más para que se haga cargo.
Es el caso de Marcos Luis, quien tuvo que dar 160 mil pesos a su vecino para que fungiera por él en otra comunidad de Valles en Oaxaca, pues le fue imposible dejar sus actividades en la capital.
Historias como las de Manuela y Marcos podrían cambiar de aprobarse la Reforma Indígena, una de las 20 iniciativas constitucionales que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta no sólo generaría cambios sustanciales en los pueblos originarios de todo el país, sino para lxs migrantes indígenas cuyos derechos humanos son vulnerados al encontrarse en constante movimiento y fuera de sus comunidades, explica en entrevista para +Chilango, Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
“La norma está previendo que el gobierno establezca mecanismos para que quienes vivan en la Ciudad de México mantengan esa comunicación con su comunidad, si les toca servir un cargo. Tiene que haber un mecanismo para que vayan a su comunidad y regresen a continuar su vida laboral”, indica.
Para la capital y los estados donde se reconoce la migración interna de las personas indígenas, la iniciativa propone reconocer las formas organizativas de las comunidades indígenas residentes y de las personas indígenas migrantes en los contextos de tránsito en el territorio nacional.
“La Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los indígenas y el desarrollo integral, intercultural y sostenible de sus pueblos y comunidades, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, describe el apartado B del proyecto de reforma que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Sobre este mismo apartado, señala Aguilar, “la Ley establecerá que las instituciones construyan mecanismos para que las personas indígenas residentes y las migrantes indígenas puedan mantener el vínculo con sus comunidades de origen”.
Migran en busca de empleo
De acuerdo con el INEGI, entre 2015 y 2020 llegaron a vivir 308 mil 686 personas a la Ciudad de México procedentes del resto del país. De cada 100, 49 provenían del Estado de México, seis de Veracruz, seis de Puebla, cuatro de Oaxaca y cuatro de Guerrero.
Muchas familias indígenas de los estados del sur migran a la capital o a otras entidades por falta de trabajo. En este contexto de movilidad, no dejan de tener obligaciones como ciudadanxs de sus comunidades de origen, por lo que muchas veces están obligadxs a cumplir con cargos comunitarios.
“No solo hacen comunidad los que viven dentro de, sino también los que viven fuera, mantienen un vínculo permanente”, resalta el funcionario del INPI.
La reforma contempla el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; de sus sistemas normativos; su patrimonio cultural, salud y medicina tradicional; medios de comunicación; derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y reconocimiento de las comunidades afromexicanas, entre otros.
