El Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal serán revisados por académicos, especialistas y diferentes sectores sociales para que prevalezca el interés ciudadano y no los personales.
En entrevista, el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, aseguró que esto deberá permear en el marco jurídico para la evaluación de los proyectos que se desarrollan en la ciudad.
“Ayer (21 de octubre) fue mi primer día de enterarme con detalle de cuáles son los asuntos que están en curso de los distintos temas que tienen que ver con la ciudad,” destacó el funcionario que éste es “un reto importante”.
Gutiérrez señaló que el proyecto de ciudad se podrá llevar a cabo mediante la actualización del Programa General de Desarrollo Urbano, que se anunció el 7 de octubre a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
También aseguró que para concretar adecuadamente esta actualización se requerirá de la opinión de expertos e investigadores de la rama, pero también de la ciudadanía en general, con el fin de recuperar su confianza.
Sobre la aplicación de las normas 30 y 31 para la construcción de vivienda de interés social, media y residencial en la capital mexicana, Gutiérrez dijo que se buscará proteger a los pueblos y barrios originarios.
Con ello se buscará definir bajo qué condiciones puede darse la actualización de estas normas de vivienda, las cuales fueron criticadas por distintas organizaciones vecinales por parecerles insuficientes para regular las construcciones.
Estas normas fueron creadas por Seduvi en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda e investigadores de la UAM en lugar de la Norma 26, de la cual se documentaron varios abusos.
La Norma 26, publicada el 10 de agosto de 2010, estipulaba un precio máximo de 710 mil pesos por la venta de un departamento, esto con el objeto de apoyar a los sectores populares para que pudieran tener acceso a este tipo de vivienda.
No obstante, algunos desarrolladores inmobiliarios se aprovecharon de la norma para construir otro tipo de viviendas, con departamentos que superaban los dos millones de pesos, por lo cual se estableció una suspensión a la norma.
