Aunque en los últimos días del 2023 se aprobaron reformas para dar un trato digno a los animales de compañía, aún falta mucho por avanzar en la legislación a favor de los seres sintientes
Por Katya López Cedillo
Inscribirlos al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y dotarlos de derechos elementales para vivir con los humanos (como proveerles una vida digna, respetuosa y libre de miedo, transitar con ellos con correa o esterilizarlos) son ahora obligaciones de la ciudadanía chilanga con sus acompañantes no humanos, tras las recientes reformas a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, que entraron en vigor el 27 de diciembre del 2023.
“Hemos presentado iniciativas que van desde establecer castigos en el Código Penal en caso de abandono, hasta exigir que los 16 alcaldes de la CDMX destinen el 0.1% de su presupuesto anual a la protección de los seres vivos que no son humanos, aunque todavía muchos alcaldes no lo ejecutan”, comenta la diputada Ana Villagrán, Secretaria de la Comisión de Bienestar Animal, en el Congreso local.
Regular a paseadores de perros, mejorar los recursos para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para que se encargue de proteger a estos seres o que cada mascota lleve identificación y datos de contacto de su cuidador, así como promover en las dependencias públicas de la ciudad la adopción de animales rescatados, son requerimientos que ya se legislaron.
“Es un tema transversal que debemos seguir impulsando porque muchas instancias tienen obligaciones que no siempre cumplen. No es sólo hablar de los derechos de los perritos y gatitos sino una construcción institucional de lo que se requiere, lo que hemos logrado y lo que no se hace”, agrega Villagrán Villasana.
Como si fuera una CURP
El RUAC es un símil al CURP de los ciudadanos, es un registro gratuito que da personalidad jurídica a los animales de compañía. “Al darles este reconocimiento jurídico ya son acreedores de derechos.
Si ya se le da reconocimiento y, por ejemplo, un perro se perdió, fue envenenado o asesinado, se le puede proteger por ley, porque jurídicamente ya existe y por ello las leyes deben protegerlo. No es un tema administrativo para cobrar impuestos ni nada relacionado”, aclara la legisladora.
En las agencias del Ministerio Público de la ciudad ya se aceptan las denuncias de maltrato animal y se establecen sanciones. “Debemos sentarnos con la fiscalía de la ciudad para determinar cómo se tomarán estas sanciones, porque depende de la visión del juzgador.
El Código Penal, en el Artículo 350 Ter., dice: ‘Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales’, pero aún no se cumple y sólo habla de muerte, así que podrías dañarlo sin que muera y eso no sería sancionado”, apunta Ana Villagrán.
Colectivos en favor de los derechos de los animales piden una reforma a la Ley de Víctimas para que estos seres vivos sean acreedores a derechos en caso de violencia.
“Si el Constituyente de la Ciudad tiene reconocimiento de un ser sintiente, buscamos que en el Congreso se plasmara el reconocimiento en las leyes; aunque digan que los animales no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones, si son seres sintientes podemos hacer planteamientos claros en términos cívicos del trato hacia ellos”.
Reformas pendientes
Para Leticia Varela, excomisaria de la Brigada de Vigilancia Animal en la SSC, el maltrato a este grupo es un indicativo grave para la sociedad. “Quien conscientemente maltrata a un animal está en la antesala de la violencia social. Los maltratadores siempre empiezan por el más inocente, que suele ser una mascota, después un niño, luego un integrante de la familia que muy probablemente sea de la tercera edad y al final a una mujer”, afirma.
Mientras, para la diputada Villagrán aún quedan pendientes reformas como crear un padrón de violentados de animales, imponer sanciones más altas a maltratadores y que las autoridades judiciales sí las ejecuten. También la prohibición de peleas de gallos, la venta de animales en mercados [como el de Sonora] o tianguis y ahora el revés a la prohibición de corridas de toros en la capital del país.
“Mi postura individual es el cierre de cualquier puesto [que venda animales] porque es incorrecto e ilegal; por ejemplo: vender colibríes para hacer ‘amarres’ me parece absurdo; pero en lo que llegamos a eso, apostamos al diálogo, la inclusión, la oferta de opciones económicas a quienes se dedican a esto y hacer operativos para el digno mantenimiento de la vida animal.
Requerimos de mucha conciencia y diálogo, primero por el bienestar animal y luego por ver cómo generar ingresos para la familia que se dedica a esto”, expresa la excomisaria.