Unos la califican como una obra que se acabó entre un desaseo administrativo y financiero, y que no cumplirá con el aforo que se esperaba; otros defienden que la empresa es responsable del riesgo y que la tarifa solo subirá con base en la inflación.
Los primeros cuestionaron este miércoles el soporte financiero que podrá tener para sí misma si la vía no registra el aforo esperado.
“No estamos cuestionando la rentabilidad social, sino económica, y el desaseo administrativo”, apuntó el panista Héctor Saúl Téllez.
“Ni el aforo vehicular es el que se proyectó, ni las cuestiones de movilidad se han mejorado”.
En tanto, Laura Ballesteros, vicecoordinadora de la bancada, señaló que se debe definir de qué manera está impactando la Supervía, si está sirviendo al usuario y de qué manera mejora la calidad de vida, pues el grueso de la población se mueve en transporte público.
Además, cuestionaron las obras de mitigación y reparación de daños que están pendientes de realizar.
Perredistas defienden
El diputado Adrián Michel, del grupo parlamentario del PRD, defendió que la tarifa de la Supervía solo se incrementará conforme a la inflación y cualquier aumento extraordinario tendría que ser autorizado por la Oficialía Mayor del gobierno capitalino.
Aclaró que el título de concesión de la Supervía no contempla ningún rescate en caso de que el proyecto no resulte autosustentable: “No está firmada ninguna cláusula de rescate, por lo tanto es todo el riesgo del particular el hecho de que si el aforo se cumple o no se cumple, se pueda proceder a un rescate”.
Michel llamó a Acción Nacional a ser una oposición responsable, pues ninguna obra contempla un rescate, por haber sido hechas con capital privado.
En la Supervía está contemplado que haya transporte público, aseguró, el cual sería operado por la Red de Transporte de Pasajeros.
“Ya se ha comenzado un proceso de licitación para poder adquirir los autobuses de última generación que son los que van a circular por la Supervía, y esperemos que el transporte público esté funcionando muy pronto, no más de tres o cuatro meses”.
El legislador reiteró que en caso de que la empresa constructora no cumpla con la reparación de daños, se sancionaría con la revocación del contrato, pero dijo desconocer cuándo se hará la supervisión de ese compromiso.
