Sólo 23% de las unidades de transporte público que han sido verificadas, desde el incremento de la tarifa en abril pasado, han salido “limpias”.
Entre el 1 de abril y el 16 de octubre de este año, el Instituto de Verificación Administrativa revisió, en promedio, un micro cada dos días, según detalló en una solicitud de información.
En total se verificaron 2 mil 774 vehículos de transporte público de los que 2 mil 140 –es decir, un 77%– fueron suspendidas o inmovilizadas en 94 rutas diferentes.
Sin embargo, de las sanciones impuestas, el Invea no pudo dar cuenta.
“Si bien es cierto que el Instituto, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, ha impuesto diversas sanciones en los expedientes con que se cuentan, no menos cierto resulta que la misma no se encuentra sistematizada como lo requiere el peticionario, toda vez que el universo de infracciones por las que se ha impuesto sanciones, es múltiple”, justificó.
Sobre la clausura definitiva de rutas, sitios o unidades de transporte público, el Invea informó que no tiene competencia para realizar esas acciones. Respecto a esta información, la panista Laura Ballesteros, integrante de la Comisión de Movilidad, cuestionó la funcionalidad del Instituto.
“Esto es un problema de fondo. Más allá de la situación que presentan hoy los microbuses de la ciudad, el Invea no es una institución que tenga el funcionamiento que debiera tener e incluso tendría que ser analizada su permanencia. Las atribuciones del Invea tendrían que pasar a ser parte de la Secretaría de Transporte y Vialidad, junto con las sanciones”, apuntó.
Respecto a la revisión de microbuses en específico, comentó que debido a la situación en que prevalecen, se está planteando en la Ley de Movilidad –que, aclaró, será una sola versión consensuada con todos los grupos parlamentarios— una modernización en la que el Metro sea la columna vertebral y las rutas alimentadoras se transformen en camiones sustentables con buen servicio.
“El esquema hombre-camión tiene que terminar en la ciudad. Eso es parte de lo que no está permitiendo que se dé el servicio que los ciudadanos merecen”, añadió Ballesteros.
(MARCELA NOCHEBUENA)
