¿A poco no recuerdas cómo ibas indignándote cada vez más conforme avanzaba la proyección de Presunto Culpable, aquel documental que narra la historia de José Antonio Zúñiga y que terminó siendo el más visto en la historia del cine mexicano?
El juez, los judiciales, la agente del MP, el “testigo” que, en realidad, nunca vio nada… y los años en prisión que debió pasar Zúñiga por un delito que no cometió.
Todos sabíamos, habíamos oído historias, habíamos conocido y hasta padecido casos similares, pero nunca mejor retratada la corrupción e ineficiencia del sistema judicial.
La historia, con minúscula, tuvo un final (casi) feliz: Zúñiga salió libre, aunque nunca se supo quién había asesinado a la víctima original, cuyo nombre incluso ya olvidé. No es poca cosa y todo el mérito fue de Layda Negrete y Roberto Hernández, los abogados-cineastas, y del defensor Rafael Ramírez Heredia.
Pero la Historia (con mayúscula) no tuvo un final tan feliz. El sistema judicial sigue generando casos y más casos de presuntos culpables, aun cuando el documental motivó reformas legales, foros y largas discusiones. Mucho queda por hacer.
Y a los verdaderos responsables no les pasó nada. Chequen: el judicial que detuvo a un inocente se le jubiló con honores y la agente del Ministerio Público (¿recuerdan cuándo le preguntan por qué sostenía la acusación, cuando había pruebas de que Zúñiga era inocente, y ella respondió con un “porque es mi chamba”?) sólo fue enviada a un curso al Instituto de Formación Profesional de la procuraduría capitalina.
El juez merece capítulo aparte. Por supuesto, sigue en funciones (hoy lleva el caso del asesinato del nieto de Malcom X) y nunca fue sancionado. Cuando el Comité de Ética del Tribunal Superior de Justicia revisó el caso, concluyó que no había pruebas de que el juez había actuado mal.
“Los méritos mercadológicos de la película Presunto Culpable son incuestionables; sus méritos artísticos opinables; su valor como material serio de juicio de la conducta de un servidor público es sumamente limitado… y no constituye un elemento de juicio objetivo que permita valorar la conducta de juez”, concluyó el Comité. Ah, bueno.
La historia no queda ahí. Hoy Roberto y Layda enfrentan una veintena de demandas millonarias de los personajes denunciados. El más escandaloso: el policía judicial pide 600 millones de pesos.
La película no puede ser proyectada en cine ni en televisión ni vendida en DVD por todos estos procesos en su contra, incluido uno del testigo que se arrepintió de su testimonio (Víctor Daniel Reyes), que los demandó por daño moral.
Asusta la posibilidad de que Roberto y Layda –y Martha Sosa y Yissel Ibarra, las productoras y hasta José Antonio Zúñiga- terminen pagando, acusados y enjuiciados por el propio sistema que denunciaron.
Pero no, hasta allá no puede llegar este sistema. O no debe. O no podemos aceptarlo.
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*Periodista, ha trabajado en diversos medios como Reforma, Milenio y El Universal. Actualmente dirige AnimalPolitico.com y colabora en distintos espacios radiofónicos, como en Fórmula y Reactor 105.
