El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Jesús Padilla Zenteno, se pronunció por cambiar el esquema tarifario del sector, pues no es viable para las empresas ni para los usuarios esperar cuatro años para actualizarlas.
Al participar en el Simposio Ciudad y Transporte, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el líder transportista destacó la ausencia de una política tarifaria.
En este sentido explicó que el deslizamiento de costos permitiría que el ajuste se hiciera de manera gradual y no golpear el bolsillo del usuario en una sola emisión.
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“Podría deslizarse la tarifa 13 centavos, 15 centavos, 20 centavos, en lugar de aumentar un peso o dos cuando se han dejado acumular tiempos. De nada sirve la tecnología cuando no hay una política clara de actualización tarifaria”, expuso.
Mencionó que hay temas que no se han querido incorporar porque a los gobiernos de la ciudad y federal “les da miedo tocar el tema de los subsidios”.
En entrevista posterior consideró que también se debe incrementar el monto de bonos de chatarrización que otorga el gobierno de la ciudad para el cambio de unidades y pasar de 100 mil pesos a 200 mil. Aunque aclaró que “aún así no cubriría el gasto inicial para los transportistas, sector descapitalizado ante la falta de actualización de las tarifas”.
El gobierno local solicita a empresas transportistas mejores sistemas tecnológicos dentro de sus unidades, elevando con ello el precio de vehículos hasta en 50 por ciento, por lo que los programas de chatarrización sirven como apoyo para acelerar el proceso de transformación del transporte público.
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“Estamos comprometidos con la reforma y transformación del sector y podemos venir cambiando solos como lo hemos venido haciendo los últimos años, pero vamos a tardar más”, comentó.
Padilla Zenteno sostuvo que el apoyo gubernamental es apenas un aliciente para reducir los costos iniciales de la prestación del servicio, a lo que sumó el costo fiscal de operar como sociedad mercantil, incluidos el gasto administrativo, pago de personal, estructura de mobiliario, instalaciones y equipo.
“Si la política del gobierno es meter un vehículo de mejor condición tecnológica, los 200 mil pesos del bono de chatarrización ni siquiera cubren los 500 mil que las comercializadoras están pidiendo como extra por los vehículos equipados”, agregó.
Insistió en que cada vez les piden mejores unidades con equipamiento específico, cámaras de video, contadores de pasajeros, sistemas de comunicación, torretas y sistemas informáticos que permitan el control de la operación, unidades cuyo valor puede superar millón y medio de pesos.
Los últimos meses del año serán prioritarios para definir y repensar el futuro del transporte en la ciudad, toda vez que las políticas públicas favorables al uso del automóvil privado son responsables del “cataclismo” por el que atraviesa el sector.
Coincidió con otros expertos en que la Ley de Movilidad en enero podría ser eficaz si las autoridades capitalinas plantean nuevos esquemas en los que el automóvil no sea la prioridad sino el transporte público, lo mismo que el peatón y ciclistas al frente de la pirámide.
(Información: Notimex / Foto: Cuartoscuro)
