La trata de personas sigue siendo un reto “muy grande”, pese a las leyes y las políticas públicas implementadas, afirmó Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
“El Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales de protocolos en la lucha contra estos flagelos, que se han transformado en leyes y políticas para favorecer el acceso a la justicia de las víctimas y proveerles una protección que permita la reparación del daño”, indicó la funcionaria en el taller ‘Trata de personas, trabajo sexual y enfoque de derechos humanos’.
En ese sentido, la titular de la CDHDF comentó que la dependencia a su cargo ha realizado acciones en materia de promoción y defensa de los derechos de las víctimas de trata, como espacios de análisis y propuestas de legislación y la emisión de cuatro recomendaciones a distintas autoridades por violaciones al debido proceso, al derecho a la libertad y a no ser sometido a trata.
Insistió que se requiere que se continúen realizando todos los esfuerzos que sean necesarios para el combate de la trata de personas.
Taller contra la trata de personas
De acuerdo con Gómez Gallardo, el taller, realizado en coordinación con la embajada de Estados Unidos en México, es intercambiar experiencias y buenas prácticas en temas vinculados a los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales.
“Se busca generar un intercambio de experiencias y buenas prácticas que permitan continuar las acciones de combate al flagelo que constituye la trata de personas, respetando los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, detalló.
En el taller participaron más de 50 personas provenientes de organizaciones de la sociedad civil, trabajadoras sexuales, personas que trabajan en bares, funcionarios y funcionarias públicas de los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como de tres entidades del país.
Los participantes analizaron el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, distinguiéndolo del trabajo sexual, ante la denuncia de operativos que violan derechos humanos de personas que trabajan en bares y trabajadoras sexuales no vinculados a la trata de personas.
