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La regulación del comercio informal es uno de los temas que mayor reto representa a los gobiernos en las grandes urbes. Su proliferación, alentada por la escasez de oportunidades de empleo formal y amparada por la corrupción y el servilismo político, lo convierten en un problema social que exige contundente atención.
Benito Juárez no es la excepción. Sus características demográficas en las que se destaca principalmente el tránsito de 2 millones de personas diarias, quienes demandan servicios de comida barata y de rápido acceso, lo convierten en una actividad en constante desarrollo que impacta de manera negativa la calidad de vida de los vecinos. La mayoría de estos puestos son focos infecciosos, generadores de basura, contaminación visual e inseguridad; principalmente por sus deficientes instalaciones y de ubicación.
La base de datos del Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVI), registra 3 mil 287 comercios en vía pública con permiso; sin embargo, de acuerdo con datos con los que contamos, este número se duplica entre toreros, banqueteros y semifijos.
La exigencia de la comunidad y su deseo de erradicar esta problemática, se convirtió en un desafìo para esta administración, instrumentamos acciones que atiendan la legítima demanda vecinal de recuperar los espacios públicos y el respeto al derecho de todo ciudadano a ganar el sustento para su familia. Buscamos soluciones con sentido humanista, por lo que impulsamos el Programa Integral de Reubicación y Reordenamiento de Comercio en la Vía Pública (PIRR), el cual busca normar el ejercicio de esta actividad, respetando el derecho constitucional a trabajar y conciliándolo con el interés vecinal a través del diálogo y tolerancia.
En la primera etapa realizamos un mapeo de la delegación con los que cuentan con permiso y bajo el consenso ciudadano establecer su reubicación y reordenamiento en zonas que no presenten riesgos vecinales. La meta a tres años es ordenar y uniformar el comercio en la vía pública cumpliendo las normas existentes en materia de salubridad, protección civil y tránsito peatonal. Del primero de octubre a la fecha se han retirado a 2 mil 62 informales.
Paralelamente a las acciones del PIRR implementamos medidas que apoyen a la economía de los ciudadanos como ferias de empleo, convenios con comercios y negocios de la delegación para ampliar la oferta laboral e impulsar que se pondere la contratación de solicitantes locales, capacitación para iniciar negocios y apoyo para emigrar a la formalidad.
No podemos negar que alrededor del ambulantaje subsisten mafias y grupos que en la irregularidad han encontrado una veta de oro. Su resistencia ha puesto en riesgo la integridad física de los servidores públicos y no ha estado exenta de amenazas y manifestaciones contra la autoridad. A ellos les decimos que ninguna acción podrá inhibir mi compromiso; les reitero que en la Delegación Benito Juárez la primicia es cero tolerancia al comercio irregular.
*Jefe Delegacional en Benito Juárez
(JORGE ROMERO HERRERA)
