Además de tipificar el delito de transfeminicidio, la Ley Paola Buenrostro permite que la familia social de las víctimas reclame sus cuerpos para sepultarlas con dignidad
Por Édgar Segura*
Más allá de la tipificación del delito de transfeminicidio, el logro histórico de la Ley Paola Buenrostro es el reconocimiento de la familia social de las víctimas y de las violencias que viven las identidades trans, coinciden las activistas Kenya Cuevas y Natalia Lane, coautoras de la iniciativa aprobada por el Congreso de CDMX el pasado 18 de julio. Se trata de una reforma escrita por dos mujeres que vivieron en primera persona la violencia transfeminicida.
Kenya es la mejor amiga de Paola Buenrostro, mujer trans trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016 y cuya historia da nombre a la reforma. El día de los hechos, Kenya se encontraba trabajando a unos metros de la escena del crimen, en la calle Puente de Alvarado. Desde entonces, ha dedicado su vida a buscar justicia. “Para mí, este es el principio de esa justicia que esperé desde hace ocho años”, cuenta en entrevista para Chilango.
Natalia, en tanto, es sobreviviente de un intento de transfeminicidio. En 2022, un hombre la apuñaló en la nuca mientras ejercía el trabajo sexual en un hotel de la colonia Portales: “Para mí, era muy importante nombrar las violencias que vivimos las mujeres trans y cómo las condiciones en las que somos asesinadas son muy distintas a las condiciones en la que las mujeres cis son asesinadas”.
La Ley Paola Buenrostro es un paquete de reformas que modifican el Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la fiscalía y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, para definir el transfeminicidio como el asesinato de una mujer trans cometido en razón de su identidad o expresión de género. Además de crear este nuevo tipo penal, establece penas de entre 35 y 70 años de prisión para quienes cometan el delito.
Pero más allá del aspecto punitivo y del castigo a eventuales delitos consumados, las activistas que colaboraron en la elaboración de la ley ven en ella otras virtudes.
Reconocimiento a la familia social
Kenya explica que más que su mejor amiga, Paola era su familia social: “Era mi compañera, mi amiga dentro del trabajo sexual. Convivimos a lo largo de ocho años. Veníamos de contextos diversos, pero violentos. Éramos una red”.
Por otro lado, Natalia, quien tras sobrevivir a su intento de transfeminicidio se unió al equipo que formaron Kenya y un grupo de legisladorxs encabezado por el diputado Temístocles Villanueva para impulsar la Ley Paola Buenrostro, recuerda que para que la iniciativa fuera aprobada se presentó hasta en tres ocasiones. Finalmente se logró el 18 de julio de 2024.
Uno de los aspectos destacados de ésta es que busca evitar la revictimización de las mujeres trans asesinadas garantizando la dignificación de sus cuerpos. Kenya explica que en muchas ocasiones los cuerpos de las víctimas terminan en fosas comunes debido a que sufren el rechazo de sus familias.
Además, las autoridades se niegan a entregarlos a quienes no tienen parentesco: “En el caso de Paola, no me querían entregar el cuerpo. Al no tener esta relación biológica, no me daba derecho”. Como parte de su activismo, construyó dos mausoleos para mujeres trans e hizo un convenio con la fiscalía capitalina para poder resguardar en ellos los cuerpos de víctimas que no fueran reclamados por parientxs.
A partir de esa experiencia, y a través de modificaciones al Código Civil, se establece que la familia social, es decir, las amistades de las víctimas, también podrán reclamar los cuerpos para sepultarlos con dignidad.
Justicia para sobrevivientes
Pese a la aprobación de la ley, queda pendiente el tema del acompañamiento a sobrevivientes de ataques transfóbicos. Natalia Lane explica que la reforma no beneficia casos como el suyo, donde el intento de transfeminicidio quedó en grado de tentativa. En su caso, las secuelas no sólo incluyen el estrés postraumático, también hay tres años de revictimización.
Aunque resaltan la importancia histórica de la Ley Paola Buenrostro, ambas coinciden en que se trata de un punto de partida para generar un cambio cultural que revierta las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades trans.
“El tema no sólo es agregar causales, agravantes y más años de prisión, sino que esto tiene que venir acompañado de tres cosas que son importantes”, dice Natalia.
El segundo punto, agrega, es la sensibilización de impartidorxs de justicia. Y como tercero, el cambio cultural: “Quizá es lo más difícil. ¿Cómo podemos lograr que la sociedad entienda que los asesinatos de mujeres trans son feminicidios porque somos mujeres? ¿Cómo prevenir esa violencia, que puede ir desde un acto discriminatorio, como que te nieguen el acceso al baño, hasta la forma más irreparable, que es el transfeminicidio?”.
En su opinión, las respuestas tienen que ver con tres ejes de políticas públicas: garantizar la empleabilidad y cupo laboral de las mujeres trans; garantizar su seguridad si ejercen el trabajo sexual, y garantizar que tengan acceso a la salud integral.
“Hay que fortalecer a la Comisión de Víctimas, la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos local”, propone Natalia Lane
+Datos
590 personas trans fueron asesinadas en México entre 2007 y 2022, según datos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans
*Texto adaptado para + Chilango
