Luego de que la Asamblea Legislativa del DF modificara en diciembre pasado el artículo 362 del Código Penal capitalino para permitir que el delito de violación a la paz pública se librara con fianza, el Partido Verde pidió ayer admitir que eso fue un error y aprobar una contrarreforma para volver a penarlo con 3 a 10 años de prisión.
“No hay ningún pecado en decir que cometimos un error. Error sería seguir en esa tesitura”, dijo el diputado Jesús Sesma, coordinador de la bancada pevemista.
La reforma propuesta también incluiría modificar el 287, 288 y 289 del mismo código para imponer una sanción igual a los delitos de ultraje a la autoridad y ejercicio ilegal del propio derecho.
Además, recordaron que impulsarán una ley para regular las marchas.
“La realidad es que las marchas en la ley ya se regulan, en la Ley de Transporte y Vialidad, y hay protocolos. Sería ilógico pensar que las marchas no se pudieran regular”, respondió Alberto Cinta a las declaraciones del coordinador de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, en el sentido de que la ALDF no tiene atribuciones para ello.
“Nadie está pretendiendo criminalizar. Pero no confundamos criminalizar las marchas con discriminalizar los delitos”, agregó.
Además, señaló que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia que determina que no todo lo que la Asamblea tiene permitido legislar está explícitamente manifiesto en la Constitución.
Ninguna manera de regular las marchas, según Cinta, atenta contra la libertad de expresión.
Aunque no especificaron si se sumarían a la propuesta que ya presentó el PAN para regular las manifestaciones, los legisladores del Verde aclararon que varios lineamientos de su propia iniciativa fueron retomados por el albiazul, como lo relativo a rostros cubiertos.
“Obligar a los manifestantes a que se identifiquen está contemplado en la iniciativa. Ya no estamos en los 60s; no hay excusa para que los manifestantes acudan con el rostro cubierto. Los que se cubren la cabeza son los delincuentes”, refutó Cinta.
En tanto, Sesma insistió en que la regulación de las marchas es necesaria porque se debe regresar a la ciudadanía la tranquilidad y sus derechos.
“Cometimos un error y estamos a tiempo de enmendarlo”, concluyó refiriéndose al artículo 362 del Código Penal.
(Marcela Nochebuena)
