Vender inmuebles con uso de suelo irregular será penado con 2 a 6 años de cárcel, mediante una reforma que promueve la Consejería Jurídica capitalina.
“Lo que estamos proponiendo es que cualquier persona que intente vender o venda un inmueble que no cuenta con la regulación necesaria de uso de suelo sea acreedor de 2 a 6 años de prisión”, afirmó el titular de la dependencia, José Ramón Amieva.
Como parte de las modificaciones, también se propondrá que la figura de custodia administrativa pueda ser solicitada por el Insituto de Verificación administrativa, la Procuraduría capitalina y otras autoridades administrativas.
Esto con el fin de que el folio del inmueble no permita hacer ninguna inscripción a los notarios.
“El paso siguiente sería que los notarios cuando vayan a inscribir un acto, primero soliciten un certificado u opinión por parte de Seduvi o Medio Ambiente, donde diga que el inmueble cuenta con todos los permisos correspondientes de uso de suelo, para evitar precisamente que se dé este tipo de fraude”, explicó el funcionario.
Amieva adelantó que el martes se reunirá con diputados, PAOT, Seduvi y Procuraduría.
“Aprobaremos en lo interno esa iniciativa, se la pasaremos a consesión del jefe de gobierno para que la pudiera estar firmando.”Quien amerita cárcel es aquel que a sabiendas de que no cumple con todos los requisitos de uso de suelo, transmite la propiedad de un inmueble”, agregó.
También informó que para el caso de Céfiro 120 la Consejería ya abrió la posibilidad de asesoría a los compradores, aunque ninguno se ha acercado.
Se calcula que de 120 departamentos, aproximadamente 110 ya fueron vendidos.
Fraude inmobiliario
En tanto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera aseguró que ya instruyó a la Procuraduría capitalina para que tome las medidas necesarias contra quienes cometen fraude inmobiliario.
Y recordó que las personas que hayan sido víctimas de este, pueden recibir asesoría del GDF. “Son varias las instancias que tienen que participar: las personas están en posibilidad de recibir asesoría en sus compra-ventas. Estaremos actuando con toda firmeza contra aquellos que defrauden a cualquier ciudadano. A veces lo que hay es un abuso de la buena fe de las personas”, dijo el mandatario capitalino.
La ciudad, añadió, necesita una regulación más fuerte en varios de los contratos de adhesión. El gobierno capitalino también tendrá pláticas con la Procuraduría Federal del Consumidor para tener en línea la forma de reacción.
(Marcela Nochebuena)
