Pese a que la paridad de género en congresos locales y federal se alcanzó por primera vez en la historia del país, las mujeres aún son minoría en cargos locales y estatales, además de ser víctimas de una serie de inercias relacionadas con su condición de género
Han pasado 70 años desde que las mujeres en México se convirtieron en ciudadanas. Hoy, ellas representan la mayoría del padrón electoral federal, con 51 millones 241 mil 980. Pese a este avance en términos numéricos, las mujeres aún siguen siendo minoría en cargos de toma de decisiones, principalmente en los ayuntamientos y estados, y son víctimas de diversas formas de violencia política de género, que afecta su derecho a votar y a ser electas para un cargo popular.
Para Amneris Chaparro, investigadora y docente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, existen una serie de prácticas, ideas y creencias sociales que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, o en términos más simples, que impiden que las mujeres tengan vidas libres de violencia.
“Lo que vemos aquí es que existen una serie de inercias que tienen que ver con la condición de género de las mujeres que constantemente siguen recordando que su espacio no es el espacio público, de ahí que tengamos expresiones como la llamada ‘violencia política de género’, que implica también esta serie de recordatorios y amenazas constantes de que las mujeres son ajenas al ejercicio del poder, y de ahí que hay un escrutinio muy agudo de sus cuerpos, sus vidas íntimas y su presencia en sí misma en esos espacios”.
Paridad de género
El 17 de octubre de 1953 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Artículo 34, con la que adquirieron el derecho a votar y ser votadas. Adolfo Ruiz Cortines era el presidente en aquel entonces; no obstante, fue dos años después, el 3 de julio de 1955, cuando las primeras mexicanas acudieron por primera vez a las urnas, para participar en la elección de diputados federales.
Después, pasaron 67 años para que los congresos federal y estatales lograran alcanzar la paridad de género, en 2022, e incluso rebasar la mitad de los escaños, pues las mujeres representaron 54% de las diputaciones locales, de acuerdo con la ONU Mujeres. Para 2023 y por primera vez en la historia, el país cuenta con 10 gobernadoras de entidades; para 2024, habrá más de 20 mil cargos sujetos a elección popular, de los cuales la mitad deberán ser ocupados por mujeres.
En contraste, las mujeres sólo alcanzan a cubrir 28% de las presidencias municipales, 29% de los cargos en los gabinetes estatales y 25% como juezas y magistradas, lo que pone el foco de atención en las estructuras políticas locales.
“A nivel local es donde vemos que aún existen muchas inercias para que las mujeres se acerquen a la política y eso tiene que ver con que seguimos llevando a cabo las labores de cuidados de manera abrumadora con respecto a los varones.
Siguen existiendo muchas expectativas sobre la función de las mujeres como integradoras de la familia; creo que esos también son obstáculos que si los sumamos a un rechazo inicial de ciertos partidos o líderes políticos a incluir a más mujeres, pues ahí vemos que la ecuación de la paridad encuentra muchas trabas”, explica Chaparro.
Tipos de Violencia
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) señala que la violencia política de género se expresa en conductas que tienen impacto diferenciado por razón de género o pertenecer a la población LGBTIQ+.
Entre ellas están el difundir imágenes estereotipadas, permitir que otras personas se burlen de las aspirantes a un cargo público, chantajes, amenazas, hacer uso de la imagen de las mujeres como símbolo sexual en campañas o propaganda, entre otras que se puntualizan en el Violentómetro Político-Electoral de Género y Derechos Humanos.
Hasta el 12 de octubre de 2023, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género acumulaba 314 personas, de las cuales seis corresponden a la Ciudad de México, principalmente por violencia simbólica, verbal y psicológica. De ellas, tres son del ámbito nacional, dos del municipal y uno del estatal.
No son sólo leyes
Para la investigadora de la UNAM, hace falta que las instituciones elaboren una política transversal de género.
“No sólo tiene que ver con tener más leyes o tener un montón de programas y planes de política pública, sino con tener un personal de gobierno sensibilizado y capacitado en cuestiones de género y eso implica dinero.
Aquí no hay de otra; no es nada más una lista de buenos deseos, sino que los gobiernos tienen que invertir dinero para recursos humanos, para recursos materiales y para infraestructura, porque si no, la igualdad de género no va a ser más que una utopía”.