La ONU DH urgió al Estado mexicano a contar con mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró un acto de justicia la sentencia contra algunos de los autores de la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, perpetrada por elementos del Ejército el 19 de marzo de 2010.
En comunicado indicó que la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Nuevo León, dictada el pasado 13 de octubre, exime a las víctimas, al determinar que no pertenecían a integrantes de ningún grupo criminal, ni se encontraban armados al momento en que fueron privados arbitrariamente de la vida.
“La sentencia constata, no sólo la comisión del delito de homicidio calificado por parte de efectivos militares, sino también la conducta desplegada después de los hechos con el objetivo de alterar la escena del crimen, ocultar las evidencias, y obstaculizar el acceso a la justicia y a la verdad”, señala.
El juzgador tomó en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México para destacar que la actuación del Ejército en el ámbito de la seguridad pública debe atender a “criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de los derechos humanos”.
La ONU-DH resaltó la importancia de contar con mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, incluyendo la labor independiente de las autoridades judiciales ante casos que llegan a su conocimiento.
“Este elemento es clave teniendo en cuenta que está pendiente investigar y determinar las responsabilidades penales de los superiores jerárquicos involucrados por acción u omisión en lo ocurrido”, destacó.
También recordó que las actividades de seguridad pública corresponden primordialmente a los cuerpos de policía de carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en este ámbito debe ser temporal, por lo que urgió a adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable, con plazos determinados y acciones específicas.
Finalmente, la ONU-DH llamó al Estado mexicano a adoptar medidas de satisfacción que reivindiquen la memoria de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, así como a establecer políticas de protección en favor de las juventudes que de distintas maneras se ven afectadas por el contexto de violencia que se sufre en México.
