Fotografía: cortesía
La “Ley 3 de 3 Ningún agresor al poder” establece mecanismos para impedir que personas generadoras de violencia familiar, doméstica o sexual, o que incumplan con sus obligaciones alimentarias, ocupen un cargo público.
Como se observa esta iniciativa tiene un vínculo estrecho con la violencia política contra la mujer por razones de género, la cual se ejerce por medio de limitar, anular o menoscabar la función efectiva de sus derechos políticos y electorales; el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad; el libre desarrollo de la función pública; la toma de decisiones; la libertad de organización, así como el acceso a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Tanto en la “Ley 3 de 3 Ningún agresor al poder” como en el caso de la aplicabilidad de mecanismos que prevengan la violencia por razones de género, nos encontramos frente a una laguna de supuestas subjetividades que impiden el acceso pleno de las mujeres a una vida libre de violencias.
En este sentido, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se prevé que durante los procesos de postulaciones de candidaturas se cumpla con la consigna “Ningún agresor al poder”, buscando con ello salvaguardar los derechos y la integridad de las mujeres que ya ocupan alguna posición de poder y que han sido víctimas de violencia política en razón de género.
Esto, a través del Procedimiento Especial Sancionador y de las medidas cautelares y de protección que se tienen consignadas en el respectivo Reglamento de Quejas. Es importante recordar que el Congreso local ya aprobó, en lo general y particular, que toda persona que haya violentado a una mujer o se encuentre inscrita en el padrón de deudores alimentarios sea inelegible a contender por un cargo de elección popular. Lo podremos observar ya en marcha durante el próximo proceso electoral en 2024.
El camino está iniciado, ¡enhorabuena!
*Mauricio Huesca es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, institución en la que también obtuvo un grado de maestro en Derecho Internacional. Desde septiembre de 2017 es Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
