La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destituyó al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, José Manuel Zatarain Lizárraga, por las “decisiones equivocadas” que tomó al usar gas lacrimógeno contra las manifestantes en la marcha del 8M
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destituyó al subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, José Manuel Zatarain Lizárraga, por las “decisiones equivocadas” que tomó al usar gas lacrimógeno contra las manifestantes de la marcha del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
A través de redes sociales, señaló que la instrucción era llevar a cabo un operativo policial de acompañamiento y protección. “El objetivo de proteger al patrimonio público, de ninguna manera puede estar por encima del cuidado a las mujeres asistentes.
“Estoy convencida que no hay edificio o monumento histórico que valga más”, explicó. Por esta razón, mencionó que luego de revisar minuciosamente los videos y todos los elementos disponibles de lo sucedido el pasado viernes, concluyó que en su gobierno sólo “caben” quienes comparten sus convicciones y tengan la “capacidad y sensibilidad para acatar una orden precisa”.
En redes sociales, la gobernadora aseguró que desde el Gobierno del Estado se había planificado un operativo para acompañar y proteger a las manifestantes durante la marcha del 8 de marzo. Sin embargo, dejó claro que la instrucción principal era garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que participaban en la protesta.
“El objetivo de proteger el patrimonio público no puede, bajo ninguna circunstancia, estar por encima del cuidado y la integridad de las mujeres que participan en las manifestaciones”, subrayó Vizcaíno. Añadió que ningún edificio o monumento histórico debe considerarse más importante que la seguridad y los derechos de las mujeres.
La utilización de gases lacrimógenos u otros elementos disuasorios solo podría ser justificable, según la gobernadora, si se emplean para proteger la integridad física de las propias manifestantes o de cualquier persona en caso de que su seguridad estuviera en peligro debido a acciones violentas.