A 16 años de la despenalización del aborto en los primeros 3 meses de gestación en la CDMX, el procedimiento aún es un delito fuera de este periodo de tiempo; de enero a agosto de 2023, la fiscalía local abrió 131 carpetas de investigación
En 2007 la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar el aborto antes de las primeras 12 semanas de gestación; no obstante, a 16 años de distancia de este paso, la interrupción voluntaria del embarazo después de los tres meses todavía es considerada como una violación al Código Penal de la capital, con sanciones que alcanzan hasta seis meses de cárcel para quienes lo practican y hasta tres años para quienes asistan el procedimiento.
“En México tenemos un largo recorrido por la despenalización del aborto, por garantizar que sea asequible, seguro y que lo garantice el Estado, eso también es un debate que tenemos. Pero además, aún hay cláusulas en el Código Penal hacia mujeres que abortan y hay cargos en su contra. En la CDMX hay carpetas de investigación contra ellas”, explica a Máspormás la diputada morenista local Marcela Fuente Castillo.
Las estadísticas delictivas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indican que de enero a agosto de este año fueron abiertas 131 carpetas de investigación por aborto, considerado aún un delito contra la vida y la integridad corporal. La apertura jurídica en la despenalización de la interrupción del embarazo es un importante logro, considera la diputada Fuente Castillo, pero no el último.
“Esto, en un país con tantos delitos hacia las mujeres, entorpece el acceso a la justicia y es un círculo de revictimización; lo que demoran en abrir una carpeta por abortar puede usarse en investigar un verdadero delito como la violencia vicaria, ácida o familiar, por ejemplo”, expresa la legisladora, quien entiende el aborto como una decisión con aristas sociológicas más complejas.
“El aborto tiene que ver con un proceso de radicalización y precarización. Empezaron a practicarlo mujeres esclavizadas que no querían parir mano de obra esclavizada y no traer hijos al mundo a sufrir. Va más allá de las maternidades deseadas, sino maternidades posibles, infancias sanas y el deseo genuino de ser madre. Acceder a un aborto legal y gratuito porque no tienen las condiciones para proveer infancias sanas no es un delito”.
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El pasado 27 de septiembre en el Museo de la Ciudad de México, se realizó un foro abierto con colectivas y especialistas de 27 estados para hablar sobre los pasos que siguen en la lucha por despenalizar el aborto. Las legisladoras capitalinas, señala la diputada local Nancy Núñez, esperan que el Congreso capitalino apruebe ante el pleno la eliminación del aborto del Código Penal en la CDMX, propuesta de reforma que ya está en espera de ser discutida.
SI TOCAN A UNA…
Las legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, dice Marcela Fuente, apoyarán a diputadas de los congresos de otros estados para llevar adelante las reformas que sean necesarias, ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la despenalización completa del aborto en el país. Sólo 11 de 32 entidades han logrado este paso, según explica la diputada local Nancy Núñez.
“En la Ciudad de México se atiende a mujeres de muchos estados donde no tienen garantizado este derecho. Queremos que sepan que ninguna legisladora está sola, que hay una red de apoyo y acompañamiento, nos organizamos, nos articulamos y cuando una compañera presente la iniciativa y se establezca la ruta, todas las demás la acompañemos. Nuestra meta es que en un año los 32 estados hayan legislado este tema”.
UN SISTEMA DE SALUD CON CAPACIDAD
La decisión de la SCJN establece que no se podrá criminalizar al personal médico que practique del aborto y obliga a instituciones como el IMSS o el ISSSTE a brindar servicios gratuitos. Pero a la par de establecer las redes legislativas nacionales mientras se establece el andamiaje operativo, la diputada Nancy Núñez hace una propuesta que tiene que ver con garantizar que este derecho sea una realidad en el sistema de salud, una vez legislado. Esto, dice, se puso en práctica en la anterior administración, en la alcaldía Azcapotzalco.
“Al garantizar la interrupción legal del embarazo hay que tener las capacidades en el sistema de salud. Muchas mujeres han ido a lugares clandestinos a abortar y ponen en riesgo sus vidas. Tener ese derecho implica la capacidad de ofrecer ese servicio en condiciones dignas y seguras; desde lo local pueden tenerse convenios con organizaciones establecidas y seguras como hicimos en Azcapotzalco en la administración pasada, un convenio con una clínica particular que ofrezca servicios gratuitos o de menor costo a mujeres con ciertas condiciones como escasos recursos”.
Texto por Katya López Cedillo. Fotografía: Shutterstock