Fotografía: Cortesía
En México, la problemática de las personas desaparecidas y no localizadas ha alcanzado cifras alarmantes, con más de 112,000 casos registrados según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Ante esta situación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas estableció la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas como herramientas fundamentales para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Después de años de espera, el pasado 29 de mayo entró en vigor el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. Estos sistemas de información permitirán concentrar y compartir la información relevante para llevar a cabo investigaciones efectivas y brindar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas.
La creación de estos sistemas fue resultado de la lucha constante de los familiares de las personas desaparecidas, quienes interpusieron un amparo para exigir su implementación. A través de la interconexión gradual con otros registros y bases de datos existentes, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética y el Registro Nacional de Detenciones, se espera fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación.
Es importante destacar que si bien la implementación de estos sistemas es un avance significativo, aún existen desafíos pendientes en la protección de los derechos humanos y la seguridad de los familiares de las personas desaparecidas. Además, se requiere una mejora en el sistema forense y una mayor coordinación entre las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas y respetuosas de los derechos humanos.
La entrada en vigor del Banco Nacional de Datos Forenses representa un paso importante en la búsqueda de personas desaparecidas, pero es fundamental que se continúe trabajando en la atención integral de esta crisis humanitaria. La sociedad y las autoridades deben unirse en un esfuerzo conjunto para garantizar la justicia y el derecho a la verdad para las personas desaparecidas y sus familiares.
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