El Departamento de Justicia de ese país presentó una demanda contra Southwest Key Programs, acusando a empleadxs de haber abusado y acosado a menores bajo su cuidado desde 2015
Southwest Key Programs, una organización sin fines de lucro con sede en Texas que brinda alojamiento a menores migrantes no acompañadxs, enfrenta una demanda civil por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la cual se alega que sus empleadxs, incluidxs supervisorxs, habrían abusado y acosado sexualmente a lxs menores a su cargo durante al menos ocho años (2015-2023) en diferentes refugios.
En la querella presentada ante la Corte de Distrito Oeste de Texas se refiere que en ese periodo sometieron a niñxs a “acoso sexual severo o generalizado” que incluyó tocamientos, solicitud de fotografías de desnudos, súplicas para relaciones inapropidas, entre otras cosas; además, se señala que en algunos casos lxs amenzaron para que mantuvieran silencio: “Al acosar a los menores, estos trabajadores explotaron sus vulnerabilidades, las barreras del idioma, así como el distanciamiento de la familia y los seres queridos”.
En el documento se destaca que a pesar del conocimiento de estos daños, “Southwest Key no tomó las medidas adecuadas para proteger a los niños bajo su cuidado”. Sus acciones, indica, “constituyen un patrón o práctica de discriminación en vivienda por razón de sexo en violación de la Ley de Vivienda Justa”.
Reacciones de indignación
Kristen Clarke, fiscal general auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, afirmó que la demanda busca una compensación para lxs niñxs que han sido abusadxs y perjudicadxs, así como reformas significativas para garantizar que ninguno vuelva a ser víctima en estos refugios: “El acoso sexual de niños en refugios residenciales, donde deben estar seguros, es abusivo, deshumanizante e ilegal”.
Por su parte, Alamdar S. Hamdani, fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, señaló que lxs niñxs en busca del sueño americano toleran en muchos casos viajes peligrosos durante su migración hacia la frontera sureña: “El acoso sexual que se alega en la queja destrozaría la sensación de seguridad de cualquier niño, convirtiendo a lo que antes era el sueño americano en una pesadilla”.
Alojamiento temporal
Southwest Key Programs opera en 29 refugios (17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California) que proporcionan vivienda temporal a menores migrantes que ingresan solos a Estados Unidos: “Los refugios son los hogares de los niños hasta que se reúnan con sus familias inmediatas o se los coloque con un familiar u otro patrocinador aprobado mientras se siga adelante con sus casos migratorios”, explica el Departamento de Justicia.
La organización recibe subvenciones de la Oficina de Reubicación de Refugiados, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, para afrontar el costo del alojamiento.
En el documento se señala que en ese tiempo recibió más de 3 mil millones de dólares en financiación: “Como receptor de fondos federales, es responsable de garantizar que operará de manera no discriminatoria; dio garantías contractuales expresas de que cumpliría con todos los estatutos federales relacionados con la no discriminación, incluida la Ley de Vivienda Justa”.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la demanda solicita una indemnización por daños para compensar a lxs niñxs perjudicadxs por el presunto acoso, una sanción civil para reivindicar el interés público y una orden judicial que prohíba futuras discriminaciones al tiempo de exigir a Southwest Key “que tome las medidas oportunas para evitar este tipo de acoso en el futuro”. Por el momento, la organización no ha emitido una postura.
Ingresos millonarios
The New York Times reveló en 2019 que Juan Sánchez, exdirector ejecutivo de Southwest Key Programs (que renunció en marzo de ese año), obtuvo un ingreso de 3.6 mdd entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, superando los límites establecidos para asociaciones que perciben subvenciones gubernamentales en Estados Unidos; el artículo motivó al Departamento de Justicia a abrir una investigación sobre posibles irregularidades financieras en la organización.
