Las contralorías autónomas son un nuevo modelo que pone el manejo del agua en manos de la ciudadanía y las comunidades
Por Brenda Raya
Uno de los problemas más agudos que enfrenta la Ciudad de México es la cuestión del agua. Este año que termina, lxs capitalinxs transitamos por problemas que van desde los pozos contaminados en la alcaldía Benito Juárez, hasta la escasez que se vivió durante la primavera, la cual se vio envuelta en una fuerte campaña mediática acerca de la llegada del “Día Cero”.
Tal campaña aseguraba que, para los últimos días del mes de junio, el nivel de las presas del sistema Cutzamala sería tan bajo que no lograría abastecer a la capital.
No fue así, ya que la ciudad depende de múltiples fuentes de las cuales el Cutzamala apenas representa un 20%, además de que se aplicaron medidas de mitigación como el tandeo y la distribución por medio de pipas hasta que la llegada de las lluvias restableció los niveles de las presas.
Esto no quiere decir que la escasez o la mala calidad del agua no sean problemas. Territorios como el oriente de la ciudad los padecen de manera permanente.
Ante tal panorama, es necesario pensar en todas las dimensiones de la crisis hídrica. Si bien los fenómenos climáticos como las sequías prolongadas afectan la disponibilidad del agua, también importa mucho su manejo o gestión, que incluye desde su distribución hasta el tratamiento de las aguas residuales, pasando por la atención a fugas, que representan un desperdicio del 42% dentro de la red de distribución de la CDMX.
Aunado a ello, persisten las grandes concesiones de uso y explotación de agua que determinan quién la usa y para qué. Según datos del Registro Público de Derechos de Agua, en la capital chilanga existen 793 pozos, de los cuales 233 están concesionados a la industria y servicios. En este rubro hay inmobiliarias, embotelladoras y muchas otras industrias.
Frente a todo ello, ¿qué oportunidades de incidencia tiene la ciudadanía? Recientemente una figura organizativa ha tomado fuerza y presencia en la ciudad: las contralorías autónomas del agua, agrupaciones auto organizadas a nivel de barrios, pueblos originarios y colectivos vecinales que se organizan para conducir acciones en favor del derecho humano al agua.
El agua en nuestras manos
En entrevista para + Chilango, el especialista en participación ciudadana y maestro en políticas públicas, Oscar Arredondo, nos explica la trascendencia de esta figura organizativa: “Las contralorías autónomas del agua son una herramienta para que los ciudadanos comunes podamos participar en la gestión de los recursos hídricos para tratar de resolver las problemáticas que afectan nuestro derecho humano al agua”.
Así, la ciudadanía puede tomar parte en las decisiones sobre el manejo y administración del agua, dado que “es un derecho de todos que no puede quedar en manos de una autoridad y de un grupo de servidores públicos que tiene capturadas las tomas de decisiones, todos los presupuestos y que tienen toda la discrecionalidad en las políticas hídricas”.
Arredondo añade que las contralorías funcionan “bajo el principio del ejercicio ciudadano de la participación, llevando pruebas, evidencias, informes y diagnósticos participativos que a su vez propongan soluciones a las problemáticas locales, ya que los problemas hídricos se conocen más por quienes los viven y por lo tanto el presupuesto debe asignarse adecuadamente a la atención de los problemas que más aquejan a la gente”.
De acuerdo con el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, las contralorías del agua son estructuras organizadas por las comunidades y la ciudadanía, articuladas regional y nacionalmente, para realizar diagnósticos, acordar planes y propuestas e incluir en el quehacer gubernamental en torno a la gestión del agua y su entorno rural.
También buscan el reconocimiento del derecho al agua de los pueblos originarios, resolver las fugas urbanas, atender la contaminación en zonas de emergencia sanitaria y ambiental, poner fin al sobre concesionamiento, acabar con la compraventa de concesiones y las extracciones ilegales, actuar bajo un enfoque de manejo de cuencas, lograr la desprivatización del agua, garantizar el acceso universal a los servicios y saneamiento de agua, prohibir la minería tóxica y el fracking y garantizar la seguridad y justicia para lxs defensorxs de este recurso natural.
Este año se realizaron varios encuentros a nivel local y nacional donde decenas de contralorías intercambiaron experiencias y establecieron agendas de trabajo para hacer efectivo el derecho a la organización.
El pasado 8 de octubre tuvo lugar en el Club de Periodistas la toma de protesta de la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la CDMX y de la Contraloría Autónoma de la Cuenca de México y su Entorno, lo que es una buena noticia para abordar el fenómeno a nivel de cuenca, reconociendo que los problemas de la capital tienen relación con otros territorios.
Oscar Arredondo piensa que es muy probable que la actual administración de la ciudad, encabezada por Clara Brugada, reconozca los alcances de esta figura autónoma y sus aportaciones dentro de la planeación democrática en los programas hídricos.
- 42% del agua de la Ciudad de México se desperdicia en las fugas que hay en su sistema de distribución
- 233 pozos de la ciudad, de un total de 793, están bajo control de grandes compañías como las inmobiliarias y las embotelladoras
El artículo 4 de la Constitución se reformó en el año 2012 para reconocer al agua y saneamiento como un derecho humano y aunque estableció un periodo de 360 días para que el Congreso emitiera una nueva Ley General de Aguas, han pasado 12 años sin que esto se haya cumplido
