La publicación de la Reforma Judicial en el DOF abrió un nuevo frente en el conflicto entre juzgadorxs y la 4T
Por Alberto Rivera y Eridani Palestino
La publicación de la reforma al Poder Judicial abrió un nuevo frente de discusión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la jueza federal Nancy Juárez Salas, quienes se acusaron mutuamente de violar el Estado de Derecho e incurrir en desacato de la ley.
El 16 de octubre pasado, la juzgadora del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz concedió una nueva suspensión definitiva en la que ordena a la mandataria y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, “eliminar la publicación” de las modificaciones constitucionales en la materia, en un plazo no mayor a 24 horas.
De no cumplir con la resolución, advirtió que notificará al Ministerio Público para que les imponga una pena de tres a nueve años de prisión y la destitución o inhabilitación de lxs responsables, basándose en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.
Sin embargo, Sheinbaum mantuvo firme su decisión de no eliminar la publicación. Durante su conferencia matutina del lunes, señaló que el artículo 61 de la citada ley establece que esta medida jurídica no es aplicable en modificaciones a la Constitución Política.
“Ya hay un cambio constitucional. Lo que desde nuestra perspectiva no está bien es que desde la propia Corte o los propios jueces violen las leyes que son tan claras; se está queriendo poner que la presidenta está en desacato cuando los primeros que están violando las leyes y vulnerando el Estado de derecho son los propios jueces, juezas”, afirmó.
La presidenta aseguró que la aprobación de la reforma cumplió en tiempo y forma todos los procesos legales. Por ello, anunció que una vez que reciba la notificación de la resolución de Juárez Salas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para informar de una supuesta violación a las leyes. Asimismo afirmó que preguntará al Congreso de la Unión si el amparo interpuesto es legal.
Un día antes, Godoy Ramos calificó como jurídicamente improcedente, y prácticamente inexistente, la resolución que solicitó la jueza veracruzana. A través de un breve video argumentó que esto Infringe los artículos 39 y 135 constitucionales.
“El Poder Judicial defiende al pueblo”
Ante el embrollo, la jueza Nancy Juárez Salas respondió a estos y otros comentarios que la presidenta emitió en los últimos días. En diversas entrevistas radiofónicas dijo que el argumento que maneja la mandataria, de que no tiene atribuciones para aplicar dicha medida, “es totalmente falso”.
“Aquí en México hay tres poderes federales, cada uno con distintas facultades. Una del Poder Judicial, entre tantas, que se establece en el 103 y 107 constitucional, es conocer y resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos. En palabras sencillas: el Poder Judicial es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad”.
Explicó que las autoridades responsables, la presidenta y el titular del DOF, no interpusieron ningún recurso legal en contra de las determinaciones: “Lo que debieron haber hecho ante su inconformidad es precisamente eso, interponer los recursos [legales] para lograr que se modificaran cualquiera de las resoluciones.
“De no cumplirse, sí se rompe el Estado de Derecho y se traduce en una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiera. Dentro del juicio de amparo no hay ningún recurso planteado por ellos y en ese sentido quedan firmes [las resoluciones] y tendrán que cumplir con esa suspensión, acatar y eliminar o bajar esa publicación”, acotó.
Una nueva disputa
El 23 de septiembre pasado, esta misma juzgadora concedió una suspensión definitiva, instruyendo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar el decreto como parte de un juicio de amparo en el cual se argumentó que dicha legislación afecta la independencia judicial y vulnera a lxs trabajadorxs.
“Si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos, se violaría el artículo primero constitucional”, señaló.
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