Fotografía: Cortesía
La Comisión de Asuntos Político-Electorales aprueba reforma que impide la participación de violentadores y deudores alimentarios en cargos de elección popular. Marco Antonio Temístocles (Morena) destaca la importancia de garantizar que los aspirantes a candidaturas independientes no tengan antecedentes de violencia de género o familiar. Esta medida busca salvaguardar la integridad y promover la igualdad de género en la política.
La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado un dictamen que trae consigo una importante reforma al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local. Esta reforma tiene como objetivo principal establecer la inelegibilidad de personas con antecedentes de violencia de género y deudores alimentarios, impidiendo así su acceso a cargos de elección popular.
Durante su participación, el legislador Marco Antonio Temístocles, miembro de Morena, subrayó la necesidad de garantizar que aquellos que aspiren a una candidatura independiente no hayan estado involucrados en situaciones de violencia de género o familiar. Es fundamental proteger la integridad de las personas y fomentar la igualdad de género en todos los niveles de la política.
En consecuencia, los interesados en contender por un cargo público no deben haber sido sentenciados por cometer delitos contra la vida, la integridad corporal, violencia familiar o equiparada, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, deben estar excluidos tanto del Registro de Deudores Alimentarios Morosos como del Registro de Personas Agresoras Sexuales.
Esta reforma es un paso significativo hacia la construcción de un entorno político seguro y libre de violencia. Garantizar la idoneidad de los candidatos y la protección de los derechos de las mujeres y las personas vulnerables es una prioridad. Con estas medidas, se busca promover una participación política más equitativa y garantizar la integridad de los procesos electorales.
Es esencial que los ciudadanos estén informados sobre esta reforma y comprendan su importancia en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos fundamentales. La inelegibilidad de violentadores y deudores alimentarios en cargos públicos es un avance significativo en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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