Presenta Martí Batres Iniciativa de Reforma a la Constitución de la Ciudad de México para garantizar el acceso a la justicia social
El jefe de Gobierno, Martí Batres, envió el martes al Congreso local una reforma constitucional en materia judicial, cuyo objetivo es reforzar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la ciudad para garantizar el acceso a la justicia, al tiempo de priorizar a las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja: “Se aborda el tema de los fines y los objetivos de la impartición de justicia desde una perspectiva social, todo encaminado a que, como ya dije, los fines se pongan por delante de las formalidades secundarias”.
Explicó que para ello se adicionará un segundo párrafo al Artículo 35: “Resulta fundamental tomar en cuenta el aspecto social, porque hay ya mucha elaboración, tanto sociológica como jurídica, en el sentido de que no basta la igualdad formal ante la ley, sino que deben reconocerse las desigualdades reales que hay en la sociedad”.
Además, argumentó que esta reforma responde a la reflexión realizada desde diversos ámbitos de la sociedad, que exige una solución a la resolución de casos en los que ha faltado sentido de justicia por parte de los jueces, como la liberación de Fabian “N” uno de los principales generadores de violencia en la ciudad.
“En el Artículo 35 del Poder Judicial apartado A de la función judicial, ya se señala: ‘la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas’, esto ya se dice. A esto proponemos agregar el siguiente párrafo, que es muy puntual: ‘Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva.
‘De tal manera que las formalidades no esenciales del procedimiento nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social’”, detalló.
El funcionario comentó que esta iniciativa aborda los objetivos de la impartición de justicia desde una perspectiva social e impulsa el reconocimiento de las desigualdades. También dio ejemplos del porque es necesaria la aprobación de la iniciativa con dos casos recientes: el primero se trata de Fabián “N”, uno de los principales generadores de violencia de la ciudad quien desde el año pasado forma parte del Programa de Recompensas de la FGJCDMX, fue detenido el 2 de marzo de 2024 y liberado semanas después por el juez federal Omar Paredes Gorostieta Femat, bajo el argumento de falta de racionalidad o necesidad e ilegalidad en la aprehensión.
“¿Y la justicia? ¿Y las víctimas de esta persona? ¿Y el Programa de Recompensas que abrió la Fiscalía General de Justicia? Nada de eso contó para el juez, es más, aunque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el deber de denunciar, y dice que, quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, a pesar de ello, este juez federal ordenó la libertad, la persona se encuentra prófuga en este momento”, mencionó.
El otro caso que mencionó fue el de la liberación de un sujeto que conducía a alta velocidad, en estado de ebriedad y atropelló a tres trabajadores de limpieza en la Carretera Federal México-Cuernavaca. La presente reforma se envió este martes al Congreso de la Ciudad de México para que su presentación pueda ser enlistada en la próxima sesión extraordinaria.
