Fotografía: Cortesía Texto: Jorge Almanza

Los trabajadores, detenidos injustamente, fueron contratados para demoler un predio donde Protección Civil de la alcaldía colocó sellos por ser inhabitable y peligroso.

La Policía Bancaria e Industrial (PBI), contratada por la alcaldía Benito Juárez (a cargo del panista Santiago Taboada), detuvo en octubre de 2021 a 18 trabajadores que fueron empleados por una empresa (por 300 pesos a cada uno) para demoler un inmueble en la colonia Nápoles.

Los uniformados llegaron en patrullas de la “Fuerza de apoyo”, les dijeron que estaban acusados de despojo y robo por el presunto dueño y que serían trasladados al Ministerio Público. Sin embargo, a decir de la abogada de los trabajadores, Cinthya Almazán, el predio no pertenece a esa persona y es inhabitable.

Hoy uno de los trabajadores está en la cárcel sometido a proceso penal mientras los demás permanecen escondidos.

¿Cuáles fueron los hechos?

Los 18 trabajadores fueron contratados por los propietarios de una empresa que son dueños del inmueble donde fueron detenidos, sólo que antes de comenzar la labor, acudieron entre 15 y 20 elementos de la PBI y los detuvieron por una denuncia de un “supuesto” poseedor del inmueble.

¿Entonces había otro dueño?

No. La empresa que los contrató para demolición acreditó con la escritura respectiva que es la dueña. De hecho, meses antes de todo esto se accedió al inmueble y se sacaron fotografías, las cuales demuestran que está en muy malas condiciones, que no tiene loza, agua ni instalación eléctrica en forma. La misma Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Benito Juárez emitió un dictamen, el cual dice que la casa es inhabitable porque es considerada un riesgo para las personas, por eso mismo le pusieron sellos.

Y ese “presunto” dueño, ¿qué dijo?

Que él vive en el inmueble, que estaba bañándose cuando los trabajadores entraron a la fuerza y comenzaron a sacar sus cosas en cadena humana a la calle, lo cual, por supuesto, es mentira.

¿Detuvieron a los trabajadores dentro de la casa?

No, no habían entrado, algunos apenas estaban preparando su herramienta y otros seguían dentro de una camioneta, pero llegaron los patrulleros y los detuvieron. Cuando los presentaron, dijeron que dos de ellos ya estaban dentro del inmueble, pero no es así, tenemos fotografías de cómo estaban todos en la calle y ahí fue donde los esposaron. De hecho, a los de la camioneta los hicieron bajar para detenerlos.

¿Qué pasó en el Ministerio Público?

Todas las incongruencias en la detención se hicieron del conocimiento en un juez de control en noviembre del 2021 y el Ministerio Público, al notar las inconsistencias, los dejó en libertad, pero resulta que el “supuesto” dueño promovió una apelación y se ordena que se les vincule a proceso. Como el robo en casa habitación es delito grave tendrían que permanecer en prisión pero 17 de ellos se escondieron, a uno lo capturaron y está en el reclusorio desde hace siete meses.

Es un caso muy extraño…

La empresa que contrató al despacho donde trabajo es la misma que empleó a las 18 personas, es decir, se ha hecho cargo de los gastos de representación y hasta de lo que ha podido para ayudar a sus familias porque sabe que son inocentes. El caso es que el inmueble está localizado muy cerca del Viaducto y lógicamente hay un gran interés en él, así que…

¿Qué piden?

Que se nos conceda el amparo para todos y se pueda concluir esta parte del procedimiento. Que se valoren todas las pruebas que en su momento se presentaron en el proceso penal y que con base en esas pruebas se resuelva el asunto porque ha sido muy difícil para estas 18 familias. Han vivido una situación insostenible.

Penas en los delitos

De acuerdo con el Código penal de la Ciudad de México, se impondrán de dos a cinco años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (103.7 pesos cada una) al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, por engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca; en el caso del robo, las autoridades lo tipifican como al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa o mueble ajeno, por lo que dependiendo la modalidad, es la pena.