Fotografía: Cortesía.
Los poderes judiciales de México, encabezados por Rafael Guerra, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), están tomando medidas en la Cámara de Diputados para obtener los recursos necesarios y garantizar la implementación exitosa del recién aprobado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en un plazo de cuatro años. En una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que tendrá lugar esta semana, los titulares de los tribunales de los 32 estados del país harán hincapié en la urgente necesidad de modificar el artículo 6º transitorio de la ley, específicamente suprimiendo el párrafo tercero. Este párrafo asume que los tribunales ya cuentan con los juzgados necesarios y sugiere únicamente reorganizarlos. Sin embargo, los presidentes de los tribunales destacarán ante los legisladores que esto no es así, advirtiendo sobre los riesgos que implica no contar con los recursos presupuestarios adecuados para implementar tan importante disposición legislativa.
Esta cruzada en la Cámara de Diputados busca garantizar que se asignen los recursos necesarios para llevar a cabo las reformas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La modificación del artículo 6º transitorio es crucial para evitar contratiempos en la implementación y asegurar que los tribunales cuenten con los juzgados requeridos. Los presidentes de los tribunales presentarán argumentos sólidos sobre la importancia de contar con los recursos adecuados para cumplir con esta disposición legal.
La implementación exitosa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es de vital importancia para el sistema de justicia de México. Esta legislación busca agilizar y mejorar los procesos civiles y familiares, brindando una mayor eficiencia y transparencia en la resolución de conflictos legales. Sin embargo, su correcta implementación requiere la asignación de recursos financieros para la creación de nuevos juzgados, la capacitación del personal judicial y la actualización de infraestructuras tecnológicas.
Es fundamental que los legisladores entiendan la urgencia de otorgar los recursos necesarios para llevar a cabo esta importante reforma legal. De lo contrario, se corre el riesgo de retrasar la modernización del sistema de justicia y perjudicar a los ciudadanos que buscan resolver sus conflictos legales de manera justa y oportuna.
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