Fotografía: Cortesía
En el marco de un convenio de colaboración entre el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se destaca la aprobación reciente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Congreso de la Unión. Además, se enfatiza la importancia de brindar los recursos necesarios a los poderes judiciales locales para implementar este instrumento jurídico legislativo. Desde el Salón Legisladores de la Cámara Baja, se resalta que los órganos judiciales deberán contar con el presupuesto adecuado para su implementación, a más tardar en 2027.
En una alianza estratégica, el Poder Judicial y la Cámara de Diputados se comprometen a asegurar los recursos indispensables para aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una reforma de gran trascendencia para el sistema legal del país. El objetivo principal es garantizar un acceso equitativo a la justicia y fortalecer la eficiencia en los procedimientos legales.
Con la aprobación de este código, se busca unificar los criterios y procedimientos civiles y familiares en todo México, lo que facilitará el entendimiento y la aplicación de la ley en estos ámbitos. Esta medida promoverá una mayor certeza jurídica y agilidad en los procesos judiciales, beneficiando a los ciudadanos y fomentando la confianza en el sistema judicial.
Sin embargo, para lograr una implementación efectiva, es fundamental que los poderes judiciales locales cuenten con los recursos adecuados. Esto implica asignar un presupuesto suficiente para capacitar al personal, modernizar la infraestructura tecnológica y brindar los servicios necesarios para garantizar la correcta aplicación de este código.
El compromiso de asegurar los recursos necesarios muestra el compromiso conjunto del Poder Judicial y la Cámara de Diputados en fortalecer el sistema legal del país y mejorar la administración de justicia. Además, se espera que esta iniciativa impulse una mayor eficiencia en los procesos, reduzca la carga de trabajo de los tribunales y fomente la transparencia y la igualdad ante la ley.
En conclusión, la firma del convenio entre el Poder Judicial y la Cámara de Diputados representa un paso importante hacia la implementación exitosa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La asignación de recursos adecuados garantizará que esta reforma legislativa tenga un impacto positivo en la justicia del país, brindando a los ciudadanos un sistema más equitativo, eficiente y confiable.
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