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Nueve años se cumplen desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un día después de la marcha para exigir justicia, el Presidente de la República afirma que entregará el expediente con los archivos del ejército
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POR: MARIO ROJAS R.
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En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, conocer la verdad de lo que sucedió entre la noche del 26 al 27 de septiembre es una asignatura pendiente. A nueve años de la desaparición forzada y asesinato de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, no se ha esclarecido a cabalidad el hecho criminal. El gran misterio sigue siendo dónde están sus cuerpos.
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El pasado 25 de julio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo fue fundamental para derribar la llamada “verdad histórica” y mantener abierta la investigación, se despidió del caso y ofreció su último informe, en el cual detalló que autoridades de diferentes niveles que estaban en funciones en aquel entonces supieron en todo momento lo sucedido a los 43 normalistas, pero ocultaron y manipularon los datos en su poder.
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De acuerdo con los expertos, policías, marinos, autoridades locales y estatales y miembros del Ejército, así como también órganos de inteligencia del Estado, tuvieron información en tiempo real sobre el destino de los jóvenes; sin embargo, aseguraron, “construyeron una versión falsa de los hechos”.
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CONTINUARÁN LAS INVESTIGACIONES
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Pese a que todavía no se resuelve el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “se ha avanzado mucho” y prometió que continuarán las investigaciones hasta conocer toda la verdad. Previo a la reunión que sostendrá el 27 de septiembre con las familias, garantizó que entregará el expediente completo, incluyendo pruebas entre las que figuran los expedientes del Ejército Mexicano.
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En un reportaje publicado el pasado 2 de septiembre, el periódico The New York Times dio a conocer la existencia de alrededor de 23 mil mensajes de texto, en los cuales se hace evidente la colusión entre autoridades de todos los niveles y el crimen organizado. De acuerdo con el diario, el Ejército monitoreo minuto a minuto todo lo que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
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PADRES Y MADRES SIGUEN EN PIE DE LUCHA
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Isidoro Vicario, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que desde el primer momento de la desaparición de los muchachos, los padres dijeron que las autoridades tenían información fundamental para esclarecer los hechos. “Los padres siempre señalaron que las corporaciones policiacas y el Ejército en Iguala tenían información de lo que había ocurrido aquella noche. El informe del GIEI confirma lo que hemos sostenido desde que ocurrieron los hechos; sin embargo, el Ejército continúa negándose a entregar los archivos en su poder”.
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Cristina Bautista, mamá de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas desaparecidos, manifestó su frustración por la manera en que se han desarrollado los hechos. “Nos sentimos tristes por no alcanzar la verdad. Este tiempo de caminar no ha sido fácil. Estamos desesperados, les pedimos a los medios que nos sigan acompañando, las madres y padres seguimos en pie”.
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PRUDENCIA OFICIAL
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Mientras el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, ha guardado silencio ante las acusaciones en contra de la dependencia a su cargo, el presidente Obrador argumenta que las denuncias contra un grupo de soldados no son síntoma de corrupción generalizada entre las filas castrenses.
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“No por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución”, dijo en julio pasado. “Vamos a tener esa reunión para informarles, porque es muy importante que ellos tengan toda la información sobre todo lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa; es un compromiso que hicimos. (…) Cuando se informa no puede haber inventos, es muy difícil distorsionar las cosas; cuando hay información, no puede haber fácilmente manipulación”.
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Los padres de las víctimas insisten en que el caso Ayotzinapa no puede cerrarse hasta conocer la verdad y exigen que las autoridades castrenses den acceso a la información en su poder para esclarecer todo lo sucedido hace nueve años, acción a la que ya se comprometió el gobierno federal.
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A nueve años de distancia, hay enojo y molestia entre los familiares de las víctimas, su frustración es patente, pues no han obtenido una respuesta y están conscientes de que los vaivenes políticos dificultan llegar al fondo. Una y otra vez, repiten que nada los detendrá y continuarán su lucha hasta conocer toda la verdad. Bajo esa consigna marchan este 26 de septiembre por las calles de la CDMX para exigir justicia.