El organismo explicó que desde 2019, “existe una campaña de desinformación en contra del Conahcyt y su titular, que busca tergiversar sus obligaciones jurídicas y éticas sobre la pulcritud en la administración de los recursos”
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) aclaró que es “totalmente falso” que se haya perseguido a científicxs del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como a exfuncionarios del antes Conacyt, quienes fueron acusadxs por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.
Cabe mencionar que dicha investigación concluyó recientemente luego de que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que estas personas no cometieron delito alguno.
“Contrario a lo que algunos medios y comunicadores difunden, y han querido hacer percibir a la opinión pública, el Conahcyt no tiene atribuciones en materia de procuración e impartición de justicia; por tanto, no está en sus competencias calificar hechos ni abrir o cerrar carpetas de investigación o procesos judiciales y de responsabilidad administrativa”, indicó en un comunicado.
Explicó que la desinformación sobre este caso se remonta a 2019, cuando, “en el intento de atacar la política pública del sector del actual gobierno, medios difundieron mentiras, como que el Conacyt perseguía a científicos o que la directora general, María Elena Álvarez-Buylla Roces, les denunció”.
Desde ese año, dijo “existe una campaña de desinformación en contra del Conahcyt y su titular, que busca tergiversar sus obligaciones jurídicas y éticas sobre la pulcritud en la administración de los recursos que son del pueblo de México”.
De tal manera, comentó que es “relevante precisar” que el Conahcyt o la titular no presentaron ni han presentado denuncia alguna en contra de particular o científico alguno.
Un asunto de años
En el comunicado, precisó que en acato a la Circular No. 1, emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (que entró en vigor el 14 de febrero de 2019 y que instruía a la Administración Pública Federal no transferir recursos del presupuesto público a organizaciones civiles) el entonces Conacyt dejó de ministrar recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
“Ante la insistencia de la asociación civil de recibir las cantidades acostumbradas en las condiciones y bajo los mecanismos anteriores, argumentando que ‘era obligación del Conacyt transferirle 33 millones de pesos para sus gastos de operación’, la institución tuvo a bien realizar una consulta con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para precisar los alcances de la Circular No. 1 en el caso concreto.
En su respuesta, la SFP sostuvo que no existía obligación de transferir recursos públicos a la asociación civil Foro A. C., por tratarse de una persona moral de derecho privado, siendo en todo caso obligación del Conacyt ejercer los recursos públicos asignados en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como priorizar los planes y programas que opera la institución”.
Destacó que pese a la apertura al diálogo y la colaboración por parte del Conacyt, la asociación civil decidió iniciar la ofensiva judicial del caso.
“Fueron sus propios integrantes quienes promovieron procesos judiciales contra la Junta de Gobierno del Conacyt y su directora general, al exigir la transferencia de millones de pesos para la operación del Foro, con la amenaza judicial de multar a la directora general y denunciarla ante el Ministerio Público”.
Transferencias millonarias
De acuerdo con el Conahcyt, entre 2002 y 2019 la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, además de 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, gasolina, seguros de automóviles, seguridad privada, entre otros, “que no tenían cabida dentro de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología”.
Además, indicó que la asociación civil adquirió un inmueble residencial en el centro de Coyoacán con recursos que no fueron reportados al Conacyt, mismo que fue pagado a través de dos cheques expedidos por su entonces secretaria técnica.
