La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, externó su preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda dejar inaplicable esta medida que está contemplada en el artículo 19 constitucional
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa impactaría en la posible liberación de 68 mil personas acusadas de delitos que, por su gravedad, “son de alto impacto para la sociedad”, argumentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en los próximos días la medida que está contemplada en el artículo 19 constitucional.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que el Gabinete de Seguridad envió una carta a la Corte en la que se exponen diversas preocupaciones en caso de invalidar la prisión preventiva oficiosa, como la seguridad de testigos y víctimas, e incluso la carga de “trabajo excesiva” para el sistema de justicia.
Señaló que lo anterior será discutido a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”.
“Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa”, destacó.
De acuerdo con datos de la Segob, 21 mil 718 personas bajo prisión preventiva oficiosa son del Estado de México, siendo la entidad que podría ser la más afectada por esta regulación; seguido de Jalisco con 8 mil 342 casos; Veracruz con 4 mil 554; Michoacán con 3 mil 315 y Puebla con 3 mil 44.
