El Gobierno federal indicó que los resultados de la investigación fueron compartidos a Estados Unidos, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas del T-MEC
El gobierno de México, a través de las Secretarías del Trabajo y de Economía, señaló que no encontró evidencia suficiente para determinar la existencia de denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta Fujikura Automotive, ubicada en Piedras Negras, Coahuila.
Por medio de un comunicado, indicó que los resultados de la investigación fueron compartidos a Estados Unidos, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del T-MEC.
Tras el análisis, México compartió los resultados con el Gobierno de Estados Unidos. Durante la investigación, no se encontró suficiente evidencia para confirmar la existencia de acciones que violen la legislación laboral mexicana o que nieguen los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en Fujikura.
No obstante, mencionó que para fortalecer las capacidades de la empresa, de los trabajadores y del sindicato, se llevaron a cabo diversas acciones como la difusión de una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de Fujikura Automotive. Estos actos reparatorios, dijo, se realizaron “dentro de los 45 días posteriores a la solicitud de revisión”.
La empresa también capacitó a todo su personal sobre la carta de neutralidad y los lineamientos de conducta, mientras que la STPS brindó formación sobre los derechos de libertad sindical y negociación colectiva a los trabajadores de la planta. Asimismo, se capacitó al personal de Recursos Humanos de Fujikura en sus seis plantas en México y a los delegados sindicales de las cuatro plantas de Coahuila sobre estos mismos derechos.
En consecuencia, aunque la investigación no encontró evidencia de violaciones, el Gobierno de México reconoce el compromiso de Fujikura por respetar los derechos laborales. Estas acciones se llevaron a cabo en un plazo de 45 días tras la solicitud de revisión. El cierre del caso será analizado de manera conjunta por los gobiernos de México y Estados Unidos.