Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE (2008-2014) y luego del INE (2014-2023) nos habla de ello en exclusiva
CBR: ¿Cómo fue que el IFE logró convertirse en el INE? ¿En qué medida su actualización en capacitación y tecnología le permitió encargarse ya no sólo de las elecciones a escala federal sino nacional?
EJM: Eso que mencionas tuvo que pasar por otra reforma electoral, que fue la de 2014. Después de las elecciones de 2012, en las que compitió de nuevo López Obrador, él vuelve a insistir en que hubo desigualdades porque se había permitido el flujo de mucho dinero a la campaña de Peña Nieto y eso había alterado la equidad de la contienda. Se provocó una nueva discusión. Si bien en esa elección la diferencia no fue del 0.56% (como en 2006), sino que fue superior al 5%, hubo propuestas para que sólo hubiera una autoridad nacional que organizara y regulara todas las elecciones en el país.
Parte de la discusión para generar la reforma de 2014 era que “los institutos electorales en los estados estaban cooptados” (por decirlo de alguna manera), por los poderes locales y que entonces no eran órganos imparciales y por lo tanto había que crear una entidad nacional responsable de toda la organización.
Se hablaba de “llevar la calidad IFE a todas las elecciones en el país”. No lo digo yo, así la llamaban los legisladores. La reforma no concluyó como originalmente se había planteado, pero sí se nacionalizaron muchas tareas de la organización electoral. El IFE pasó a ser Instituto Nacional para coordinar las elecciones. Por ejemplo, de aquí al 2 de junio la autoridad responsable de instalar las casillas, para decirlo de manera muy coloquial y muy directa, es el INE, ya no las instalan los institutos locales.
Por eso ahora se habla de “una casilla única” a la que la ciudadanía acude para votar, tanto para elecciones federales como locales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México vamos a tener seis urnas en una sola casilla: tres federales y tres locales; una para presidente de la República; otra para senadores y otra para diputados. Y luego tres urnas locales: una para el jefe de Gobierno, otra para el Congreso local y una más para cada alcaldía. Y toda la responsabilidad ahora recae en el INE, cuando antes estaba separada.
Esto implicó, obviamente, una reorganización total del Instituto, porque la responsabilidad creció de una manera descomunal porque aunque parecería fácil: “Si vas a montar una casilla federal, qué te cuesta que ahí se pongan las urnas locales”. Pero en la realidad a nivel local se juegan muchos asuntos e historias que no se conocen a escala nacional y juegan muchos otros actores que no son exactamente los mismos ni con el mismo peso político que en una elección federal.
Y lo recalco porque los legisladores dejaron un detalle que se debe enmendar: la misma noche de la jornada electoral, la responsabilidad de la custodia de los paquetes electorales (en donde están las boletas electorales, las actas, etcétera). Esa misma noche, saliendo de la casilla, el paquete de las elecciones locales se va al instituto de cada estado y lo federal se lo queda el INE para los cómputos correspondientes.
Es un momento muy delicado porque es cuando esos paquetes pueden “perderse de vista”, por decirlo de alguna manera, y no llegar a su destino o ser alterados. Creo que ese es un error que habría que subsanar en una futura reforma si este modelo va a seguir, porque hay muchos que dicen que atenta contra el federalismo.
Lo ideal sería dejar que el paquete quede en manos de lo federal y al día siguiente se traslade para efectos de los cómputos locales, pero no hacerlo la misma noche de la elección, cuando todo mundo está cansado, cuando la tensión y la fatiga ha sido mucha después de haber abierto casillas desde las 08:00 y habiendo terminado el recuento de votos a veces hasta entrada la madrugada.
Como la reforma del 2007, la del 2014 trajo consigo muchos otros cambios, por ejemplo, la fiscalización de los recursos metidos en la política. Ahora todo lo hace el INE: desde la fiscalización de los recursos de los municipios pequeños hasta la Presidencia de la República.
El resultado más evidente de la reforma electoral del 2014 es que las elecciones del 2018 fueron tremendamente efectivas y además todos los partidos políticos de manera unificada reconocieron los resultados de forma inmediata: no hubo manera de cuestionar imprecisiones, inequidades ni fraudes de ningún tipo, al menos en la escala federal.
CBR: ¿Cuáles te parecen a ti, en perspectiva, los retos actuales o las fisuras que podría tener este proceso por los cambios tan rápidos que se hicieron a menos de un año de realizarla elección?
EJM: El Instituto Nacional Electoral es una institución que aprecio muchísimo. Me tocó la fortuna de estar como secretario ejecutivo 14 años, diez meses y es el mayor honor que he tenido en cualquiera de mis trabajos, servir a mi país desde desde ahí. Renuncié a la Secretaría Ejecutiva hace un poco más de un año y, efectivamente, ha habido muchos cambios.
La norma es la misma porque, afortunadamente, ya no hubo reforma electoral. Recordemos que el presidente López Obrador quiso hacer una reforma constitucional que no pasó. No tuvo la mayoría calificada en el Congreso y después lanzó un plan B, que era una serie de reformas legales que contravenían a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en contra, porque los legisladores ni siquiera habían cumplido con la norma básica para hacer una reforma de esa naturaleza.
Y aunque se han realizado muchos cambios en los cargos titulares del INE, la clave de su buen funcionamiento es el Servicio Profesional Electoral Nacional. Desde la fundación del IFE se concretó la idea de que quienes operen las elecciones en todo el país fuera un servicio civil de carrera y es uno de los más relevantes de este país, que compite en buenos términos con la calificación y el entrenamiento que tiene el Servicio Exterior mexicano. Ahí descansa la confianza de nuestras elecciones. Y estoy seguro que las elecciones del próximo domingo estarán una vez más bien organizadas.