En nuestro contexto sociopolítico, se vuelve urgente pensar en los poderes que nos gobiernan y analizar si sus estrategias de procuración de justicia están funcionando
Como definición, el poder punitivo se refiere al derecho que tiene el Estado para aplicar violencia legítima y crear leyes e instituciones represivas con el objetivo de proteger los bienes de la nación y tener control sobre individuos y comunidades. Durante algún tiempo, este poder se ha enfrentado al escrutinio debido a sus evidentes fallas estructurales que muchas veces, en vez de combatir la injusticia, pareciera que la propician. La investigadora y escritora Ytzel Maya (X: @ytzmaya), maestra en Sociología Política, comparte para + Chilango una visión crítica respecto al poder punitivo e invita a reformular nuestras ideas de justicia a partir de los derechos humanos.
Desde una perspectiva sociopolítica, ¿cómo se justifica la existencia del poder punitivo?
Podemos hablar de orden y castigo desde la existencia del Estado en sí mismo. De acuerdo con Hobbes, el papel central del Estado es poner orden. Esa es su razón de existir. Y la supervivencia del Estado como comunidad cohesionada depende de la capacidad de sus instituciones para imponer y mantener ese orden, mediante lo que llamamos el “monopolio legítimo del uso de la fuerza”. Ese monopolio es lo que conocemos como el poder punitivo del Estado. Cuando hablamos de punitivismo hablamos de violencia. El proceso de formación de casi todos los Estados ha estado inherentemente conectado a la violencia porque intentan atraer hacia sí mismos los medios de coerción para seguir manteniendo el orden.
¿Qué impacto social tiene este sistema y cuáles serían las posibles alternativas?
El poder punitivo del Estado se ve reflejado principalmente en sus instituciones encargadas de la seguridad. Es decir, en toda la cadena del sistema penal y penitenciario. De forma sistemática, estos han impactado negativamente a los grupos de personas más desventajados. En México se encuentran privadas de la libertad alrededor de 200 mil personas. De ellas, 7 de cada 10 sólo cuentan con estudios de nivel básico. Me parece que es muy claro ver cómo este sistema se sostiene en la desigualdad. Basta voltear a ver quiénes están “adentro” y quiénes están “afuera”. Puede sonar muy aventurado, pero una de las alternativas es dejar de pensar en que la cárcel es una forma de justicia. No lo es.
¿Cuáles son los argumentos centrales de las iniciativas que cuestionan y buscan reformular el sistema punitivo en México?
No sé si buscan reformularlo, pero sí reforzarlo. Lo que ha pasado en los últimos años es que esas iniciativas, al menos a nivel legislativo y ejecutivo, se han concentrado en crear nuevos delitos, incrementar las penas y (lo que me parece más preocupante) en darle más incentivos para acaparar el espacio público a las Fuerzas Armadas. Esto no va a funcionar porque crear nuevos delitos no resuelve problemas estructurales, incrementar las penas tampoco. La cárcel no está diseñada para prevenir, sino para castigar. Y la apuesta en temas de seguridad es prevenir, no seguir reforzando instituciones basadas en la desigualdad porque se convierte en un ciclo de injusticia sin fin.
¿Cuál es tu visión de un sistema alternativo que garantice la seguridad y la justicia sin basarse en el esquema estatal tradicional?
Me gusta mucho regresar a una frase de Angela Davis: “justicia es que las personas puedan florecer”. Me gustaría pensar en que podemos encontrar la manera de reformular todo el sistema desde cero y volverlo a construir. Mientras eso pasa, el sistema debe garantizar ese florecimiento para todas las personas. La alternativa es voltear a ver los procesos de construcción de paz y justicia transicional, poner al centro a las víctimas y no a las necesidades del Estado por justificar su existencia. Apostarle a la regulación y no a la prohibición, a la justicia y no al castigo, a la memoria y no al olvido.
Urgente repensar la justicia
“Llevamos casi veinte años en medio de una guerra criminal que no ha hecho más que incrementar la violencia en el país. En un momento en el que Latinoamérica está dándole paso de forma peligrosísima al autoritarismo, necesitamos de manera urgente repensar y reconfigurar nuestra idea de justicia siempre desde una perspectiva de derechos humanos”.
