En menos de dos meses, en la Cuauhtémoc se han robado nueve mil metros de cable de cobre de luminarias, algo que se repite en otras delegaciones.
El Circuito Gandhi, en Polanco, un espacio arbolado que los vecinos visitan para correr por las noches, con frecuencia se queda en la oscuridad porque sus luminarias dejan de funcionar. La misma penumbra invade actualmente al Parque Líbano, unos metros más adelante sobre Paseo de la Reforma, y se repite en diversas colonias de todas las delegaciones de la capital.
Y aunque las autoridades delegacionales procuren atender la situación y mantener iluminados esos sitios, se enfrentan con un problema recurrente: el robo de cable de cobre del alumbrado público. Según varias fuentes, más tarda un gobierno en poner energía eléctrica —cuando lo hace— que los ladrones en actuar.
“Parece que ya conocían las fechas en que pondríamos nuevas luminarias porque, apenas las colocábamos, ya se estaban robando los cables”, relata el perredista Alejandro Fernández, exjefe delegacional en Cuauhtémoc, quien considera que la facilidad con la que los delincuentes pueden abrir las bases de los postes y jalar el cableado hace que el problema sea difícil de atacar. En su administración (2012-2015) se pudo atrapar in fraganti a cuatro personas.
El cobre es un material codiciado debido a sus características: es un buen conductor de electricidad, resistente a la corrosión, muy dúctil y fácilmente reciclable. Y su robo es un problema nacional.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó en enero, en respuesta a una solicitud de información, que durante 2014 sufrió en todo el país el hurto de más de 717 kilómetros de cable tendido eléctrico, el equivalente a 819 mil 70 kilogramos. Esto derivó en un costo de 90 millones 865 mil pesos, incluido el material a reemplazar y la mano de obra.
“Es un tema sin fin”, lamenta Aliza Chelminsky, actual directora de Servicios Urbanos en Cuauhtémoc, quien, sin embargo, reconoce que a pesar del robo de más de nueve mil metros de cable de octubre a la fecha, periodo que lleva Ricardo Monreal, de Morena, como jefe delegacional, no se ha presentado ninguna denuncia ante la Procuraduría de Justicia del DF (PGJDF).
Como medida para evitar este delito, la delegación comenzó a sellar las bases de los postes y hacer la planeación para que paulatinamente se sustituya el cable de cobre por aluminio.
Fernández estima que el robo de cable cuesta al gobierno 2.5 millones de pesos al año. Mientras tanto, Humberto Morgan, quien quedó frente al gobierno delegacional en Miguel Hidalgo tras la licencia solicitada por el perredista Víctor Hugo Romo —y antes fue director de Seguridad Pública—, dice que durante su gestión, con base en un patrullaje constante, se detuvo a cuatro personas que se dedicaban a ese delito en las colonias Molino del Rey y Lomas de Sotelo, y se presentaron al menos 10 denuncias ante la PGJDF.
En esa demarcación, Romo detectó 112 puntos de robo frecuente. La actual administración, a cargo de la panista Xóchitl Gálvez, no respondió si el problema persiste y qué medidas toma para evitarlo.
‘Endurecer’ la ley
En 2014, Romo y Fernández plantearon la necesidad de incrementar las penas para este delito, pues al ser considerado no grave, aunque se hagan detenciones, los infractores salen pronto y repiten sus actos.
El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, preparó una iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal local para castigar con prisión de dos a seis años de cárcel el robo de alcantarillas, tapas de registro, tubos, conexiones, luminarias, rejillas, cables o señalización vial.
En su argumentación, las autoridades capitalinas exponen que estas conductas afectan no solamente a los bienes y la economía del gobierno, sino también a la seguridad de las personas.
Aunque en la Legislatura pasada no se atendió esta petición, en octubre pasado el diputado local Armando López Campa informó que en la Asamblea Legislativa ya se prepara una iniciativa para tipificar como delito grave este hecho y castigar con prisión de hasta 10 años a quien lo cometa.
Para funcionarios locales y especialistas, el robo de cable de luminarias es un delito que trae consecuencias sociales mayores, como los asaltos o agresiones. “Se crean zonas de pánico en los lugares oscuros”, afirma Chelminsky.
Andreina Seijas, especialista en el tema de ciudades nocturnas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma: “Está demostrado que una calle iluminada, que se percibe llena de vida, se siente más segura que una calle que está oscura. Si tú tienes luz y ruido, entendido como el que no contamina, hay una percepción de que la calle te invita a recorrerla, que es amena y agradable”.
Zonas de robo
Así es como se distribuye el delito de robo de cable de cobre en la capital mexicana:
- Las denuncias se concentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco.
- En Miguel Hidalgo, los puntos más frecuentes de robo son el Bosque de Chapultepec y las zonas de Ahuehuetes Sur, Panteones, Lomas, Circuito Gandhi, avenida Horacio, avenida Ingenieros Militares, Parque Líbano, Alencastre y Camino de los Toros.
- Aliza Chelminsky, directora de Servicios Urbanos de la Cuauhtémoc, dice que las autoridades de la delegación consideran importante el tema. “Está ligado a la sensación de inseguridad en la delegación”, señala la funcionaria.
- Andreina Seijas, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincide en que la luz es un factor de seguridad relevante en el espacio público, al igual que el sonido.
- El gobierno capitalino, a cargo de Miguel Ángel Mancera, reconoce que el robo de mobiliario urbano “merma el derecho de cada habitante del Distrito Federal a contar con un adecuado servicio urbano”.
A nivel federal, una reforma pendiente
En febrero de 2014, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como grave el delito de robo de cable de cobre y sancionarlo con penas de dos a siete años de prisión. Según la entonces diputada Lucila Garfias, de Nueva Alianza, por este concepto se perdieron 73 millones de pesos del erario entre 2010 y 2011, por el hurto de mil 200 kilómetros de este material. La reforma llegó al Senado, pero desde entonces está bajo análisis en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.
