La desconfianza hacia el gobierno llevó a ciudadanos a aprender leyes para poder defender a sus comunidades.
Estos vecinos decidieron meterse en batallas de David contra Goliat. No sabían de administración pública, procedimientos judiciales, amparos o impugnaciones, pero se hicieron autodidactas para aprender a usar las leyes, con el objetivo de enfrentar actos de autoridad o de particulares que consideraron afectaban su vida cotidiana.
Siguieron esa ruta por una razón: su desconfianza en la capacidad o en la voluntad del gobierno para defender sus intereses.
El Informe País del Instituto Nacional Electoral (INE) da una muestra de esa actitud de recelo compartida por un amplio porcentaje de la ciudadanía. Según el documento, la confianza de los mexicanos en las instituciones es inferior a 50%. Y en la capital, la confianza hacia grupos vecinales es superior a la que se tiene hacia los gobiernos locales, de 36% contra 28%.
Víctor Garduño hoy estudia Derecho como segunda carrera, después del interés que le despertó el amparo indirecto con el que vecinos de la colonia Nápoles lograron que un juez multara al entonces jefe delegacional en la Benito Juárez, Jorge Romero, por violar el derecho constitucional de la gente al acceso a la información. Cuando un abogado quiso cobrarles 10 millones de pesos por llevar el caso, los colonos —quienes no sabían de leyes— optaron por manejarlo por su cuenta.
Pedían por escrito conocer detalles de la encuesta organizada por la delegación sobre la colocación de parquímetros. Según Romero, la opinión mayoritaria era favorable. Sin embargo, el funcionario nunca aportó más datos, lo que motivó a los lugareños a acudir ante un juzgado y que éste impusiera una sanción. “Lo que hicimos fue parar el abuso de la autoridad”, dice Garduño.
Otro caso de vecinos que aprendieron de leyes sobre la marcha ocurrió en el pueblo de Xoco. Ahí, gente como Oswaldo Mendoza estudió cómo recurrir a la justicia para detener a Mítikah, un conjunto de ocho rascacielos que se erigía en el corazón del barrio.
Con otros colonos, Mendoza analizó documentos y halló irregularidades en los permisos otorgados. Fue una tarea que hicieron sin abogados, porque consideraron que estos les cobraban mucho, y en 2014 sus esfuerzos consiguieron que un juez ordenara detener la obra.
“Vas viendo cómo la autoridad es cómplice por omisión”, dice este vecino. “Es cierto que es importante participar y conocer leyes, pero el Estado está para hacer valer la ley y nos está fallando. No podemos asumir como ciudadanos la aplicación de la ley mientras nuestros funcionarios son los garantes de la impunidad”.
En la Roma, Mayela Delgadillo y Edgar Avilés cuentan una historia similar. En 2013 empezaron una campaña de oposición a los parquímetros: aprendieron a hacer solicitudes de información vía el sistema Infomex, tomaron cursos, transmitieron ese conocimiento a sus vecinos y, poco a poco, documentaron irregularidades que les ayudaron a que su caso avanzara en juzgados y a conseguir amparos a su favor.
“Todo nos sirvió para entender cómo encontrar el punto de quiebre, el espacio donde cabe la corrupción de los proyectos para tronarlos. Nos tomó tiempo y dinero, pero para cuando intentaron imponer el Corredor Cultural Chapultepec, ya sabíamos lo que debíamos hacer y les ganamos”, dice Delgadillo.
El proyecto para construir este corredor fue lanzado en 2015, pero tras la polémica que generó y la negativa que recibió en una consulta ciudadana, el propio gobierno capitalino lo canceló.
Exigencias más “maduras”
Héctor Villarreal, doctor en Ciencia Política, considera que la participación ciudadana en la capital ha madurado debido a que la sociedad local cuenta con mayor acceso a bienes culturales y es más sensible a los problemas de corrupción e impunidad.
Además, advierte que el nivel de especialización de los grupos vecinales es algo sin precedentes pues, entre otras cosas, ahora se utilizan instrumentos más precisos, trabajos bien documentados y datos duros que legitiman las demandas.
“Antes las manifestaciones eran por la defensa del voto, ahora se pelea por la transparencia”, dice.
Luis Fernando Fernández, politólogo y presidente de la ONG Participando por México, coincide en que es positiva la exigencia de que las autoridades rindan cuentas. Sin embargo, cree que lo ideal sería que éstas tuvieran un trabajo eficaz que evitara que los ciudadanos sintieran desconfianza.
“[El mal desempeño] perpetúa una parte de la desconfianza hacia las instituciones de gobierno, la cual es uno de los saldos más negativos que tienen las omisiones gubernamentales”, dice el experto, para quien debería apostarse por resolver la profesionalización de los funcionarios públicos “antes de tener que tomar la batuta de vigilar todo el tiempo todo lo que hace el gobierno”.
Los libros para repasar
Estas son algunas leyes que han tenido que estudiar los vecinos inconformes:
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la capital. En ella se detallan la información que cada institución que recibe dinero del erario debe hacer pública y el procedimiento para formular solicitudes.
- Ley de Participación Ciudadana. En ella se establecen y explican los derechos cívicos de los capitalinos, como el de expresión, manifestación y participación en asuntos públicos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta norma fija las facultades y obligaciones de cada institución del Gobierno de la Ciudad de México, así como la forma en la que interactúan.
¿De raíz cultural o institucional?
Los investigadores Alejandro del Castillo, del CIDE, y Manuel Alejandro Guerrero, de la Ibero, señalan en un estudio que la corrupción no tiene una raíz cultural, sino institucional. En su opinión, la falta de normas que faciliten a las personas hacer trámites o gestiones los lleva a burlar reglas. “Es posible pensar que el ciudadano ha tenido que optar por caminos alternos al legal, cometiendo actos de corrupción, no por causas culturales, sino por carencias claramente institucionales”, afirman los académicos.
