A 10 años de la legalización del aborto en la CDMX, muchas mujeres ejercen este derecho, pero otras esquivan barreras para lograrlo.

ARTE: ALBERTO MONTT

Hace una década, cuando se aprobó la despenalización del aborto en la CDMX, la capital se apuntó un paso hacia la vanguardia en materia de los derechos de la mujer para decidir sobre su futuro. En retrospectiva, esta iniciativa parece que ha funcionado, pero no lo suficiente para que otros estados la repliquen y extiendan este derecho.

El dato es contundente: ninguna mujer ha muerto por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde que se aprobó en la CDMX.

“La Ciudad de México es la única entidad que ha despenalizado el aborto, es decir, se puede llevar a cabo sin justificar el motivo, mientras que en el resto del país el abuso sexual es la única causa permitida”, dice Rebeca Ramos Duarte, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), de los 176 mil 927 procedimientos realizados en esta última década, el 29% de las mujeres, es decir, 51 mil 238, vienen del interior de la república.

El Estado de México ha sido la entidad de donde provienen más mujeres (44 mil 892), seguida por Puebla (1,048), Hidalgo (865), Morelos (632) y Jalisco (448).

 La otra realidad

La especialista revela el primer problema al que se enfrentan las mujeres que viven en provincia: “Trasladarse a la capital. Pocas lo hacen por sus propios medios o apoyadas por una ONG, pero hay una inmensa mayoría que se queda sin opciones”. Esto hace que sean más proclives a que acudan a clínicas clandestinas para que puedan abortar, arriesgando así su vida y exponiéndose a señalamientos sociales o sanciones judiciales, pues abortar en un estado que no lo permite las puede llevar incluso a la cárcel.

En algunas entidades, un aborto debe ser justificado, por ejemplo, si fue a causa de una violación, cuando la vida de la mujer corre peligro, si el producto tiene alteraciones genéticas o cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial sin consentimiento.

De lo contrario, los códigos penales de cada entidad prevén más de una sanción: 29 contemplan prisión; en 13, multas; en cuatro, trabajo comunitario y en seis, tratamientos psicológicos.

Incluso, desde que se despenalizó el aborto en la capital, hubo entidades que se blindaron y hoy 17 tienen en sus constituciones “el derecho a la vida desde la concepción”.

“Hemos encontrado que la criminalización por aborto es real. Tan solo en estos 10 años hubo 682 denuncias a nivel nacional y 75 acabaron en un juicio. De ese total, algunos hombres —que pudieron ser parejas, familiares o el mismo personal médico— han sido acusados de intervenir o de acompañar a la mujer embarazada a que aborte”, comenta Rebeca Ramos.

Un caso que ejemplifica estas dificultades es el de Rosalía, originaria de Morelos. Acompañada por su madre, y con siete semanas de gestación, acudió a un hospital público para interrumpir su embarazo. “Iba a venir desde que me enteré, pero no tenía dinero. Ahorré para los pasajes y la cuota que me vayan a cobrar”, pues otra dificultad es que las mujeres que no viven en la CDMX deben pagar una cuota con base en un estudio socioeconómico para acceder al servicio.

En la localidad de Ayala, en donde nació, las mujeres se embarazan y casan a temprana edad, pero en el caso de Rosalía, al enterarse de un posible embarazo, su entonces pareja desapareció, dejándola en una posible maternidad que no quería enfrentar sola.

“No podíamos pensarlo mucho y vinimos a la capital porque allá no es bien visto y también porque evitamos que algún chisme nos traiga problemas. De esto solo sabemos mi marido, mi hija y yo, y nadie más se debe meter”, explica la madre de Rosalía.

 Maternidad voluntaria

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, las mujeres solteras y en unión libre son quienes más solicitan la interrupción. Las edades van de los 18 a los 29 años y la escolaridad promedio es media superior.

“En la CDMX, las reformas que velan por los derechos de la mujer han permitido que se vea la maternidad como una decisión personal. Esa es la diferencia entre la capital y otros lugares dentro y fuera del país. Por eso vienen aquí al sentirse respaldadas”, comenta Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres de la CDMX.

Después de abortar, la mujer se somete a un proceso de información en el que se sugiere el uso de métodos anticonceptivos con el objetivo de que la maternidad se convierta en algo voluntario y no en un accidente. 

“Lo ideal es que las mujeres se vayan con el conocimiento de un método anticonceptivo, porque el derecho al aborto no solo es la interrupción, conlleva educación sexual. También se ha observado que las reincidencias son pocas porque aquí se dan alternativas a las que deberían acceder todas las mujeres y no solo las que llegan a la capital” dice Rebeca Ramos, coordinadora de Política Pública en GIRE.

Lo cierto es que la CDMX absorbe un problema al que cada estado debería dar solución. Aunque la ILE permite a las mujeres decidir, no se trata de que aumente la cifra de quienes recurren al aborto. La educación ayuda a que, en primera instancia, no existan los embarazos no deseados. 

En cifras: 

• 125,625 mujeres se han sometido a un aborto  en la CDMX durante los 10 años que tiene la ILE.
• 34.8% de quienes abortan en la Ciudad de México  se dedican a quehaceres del hogar.
• 72% de quienes interrumpieron su embarazo lo hicieron en la Secretaría de Salud.