En 2015, el gobierno gastó 17 mdp en operar el software al que las instituciones deben subir sus informes de resultados, pero éste no funciona.
Durante 2015, el sistema informático que tiene el gobierno capitalino para dar seguimiento al desempeño de las instituciones de la ciudad tuvo fallas que impidieron que éstas subieran sus informes de resultado. A su vez, esto obstaculizó que los indicadores de gestión de tales instancias se hicieran públicos, lo que implica que se incumpla con un aspecto básico para la rendición de cuentas hacia a la ciudadanía, advierten especialistas en transparencia.
El tercer informe trimestral de la Oficialía Mayor del Distrito Federal (OM), responsable de dicho sistema, indica que, entre enero y septiembre pasados, las instituciones solamente entregaron 54 de las 88 evaluaciones que debían presentar. Las 34 restantes no pudieron cargarse debido a los problemas en el software, según reconoce la propia OM.
Desde abril, la Coordinación General de Modernización Administrativa de la OM envió un correo electrónico a los usuarios del sistema en el que admitía los desperfectos, a pesar de que en la operación del software se invirtieron más de 17 millones de pesos en 2015 y casi 13 millones el año previo.
“Dichas fallas en su mayoría se presentan en el envío y la notificación por parte del usuario administrador hacia el usuario certificador y, de igual manera, se deshabilitaron los botones para validar o enviar las observaciones por parte del usuario certificador”, indica el mensaje, en el que también se avisa que, por la contingencia, las instituciones son libres de entregar sus informes fuera de tiempo, es decir, sin quedar sujetas a una sanción.
Al cierre del segundo trimestre de 2015, de acuerdo con la OM, algunas instituciones que no habían subido ninguna evaluación eran las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.
Máspormás solicitó entrevista con la OM con el propósito de conocer detalles del caso, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de edición.
El camino del sistema
El sistema en cuestión pertenece al Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Promoeva), que empezó a funcionar en enero de 2011 con el objetivo de ayudar a mejorar el desempeño de las instituciones, vigilando que hagan un uso eficiente del dinero público que reciben e informen cómo lo gastan.
Por ejemplo, en sus informes las instituciones deben reportar el porcentaje de su personal contratado por honorarios, cuánto destinan a la capacitación de sus funcionarios, las auditorías internas que realizan y cuáles son sus compras.
En aquel entonces se planeó el sistema que estuviera a cargo de la Contraloría General del gobierno capitalino y estuviera vigente hasta 2012. Sin embargo, cuando llegó ese año se le siguió utilizando. Y ya para febrero de 2014, tras modificaciones al Reglamento Interior de la Administración Pública, la operación del software pasó a la OM.
¿Otro cambio en puerta?
Actualmente, el Promoeva y su sistema se encuentran en una etapa de redefinición, según explica el coordinador de Modernización Administrativa de la OM, Oliver Castañeda, a través de una respuesta a una solicitud de información.
Este proceso, detalla, implicará que el Promoeva próximamente se convierta en la Agencia de Innovación de la Ciudad de México. De acuerdo con el funcionario, esta transición debe suceder durante los primeros meses de 2016, aunque no da una fecha precisa.
La meta del cambio, asegura Castañeda, es contar con un nuevo sistema que registre y evalúe los proyectos de innovación de las dependencias, órganos desconcentrados, jefaturas delegacionales y otras instituciones, así como promover las buenas prácticas y difundir esta información entre la ciudadanía de la capital.
El especialista Eduardo Bohórquez, director general de la organización civil Transparencia Mexicana (TM), advierte que este es un tema delicado, debido a que los órganos de gobierno de todo el país tienen que contar con un sistema eficaz que permita saber cómo ejercen los recursos públicos que reciben.
“La ciudad no puede prescindir de una herramienta así de cara a la nueva [Asamblea] Constituyente [que redactará la primera Constitución capitalina]”, sostiene el experto.
“Muchas de las decisiones de política pública que se van a tomar a través de la nueva Constitución de la ciudad tendrían que estar basadas en evidencia, información, datos, evaluación y desempeño”, insiste.
En su opinión, establecer sistemas de ese tipo para dar seguimiento a cómo gastan y trabajan las instituciones es un elemento básico para la rendición de cuentas dentro de una democracia.
Lo que debería ocurrir
Estas son las reglas básicas con las que funciona el sistema del gobierno de la Ciudad de México:
- La captura de las evaluaciones por parte de las instituciones tiene tres periodicidades: mensual, trimestral y anual. Los indicadores que deben reportarse principalmente tienen que ver con finanzas y procesos internos.
- En caso de que alguna institución no cumpla con los plazos, el Gobierno del Distrito Federal debe registrar la situación e informar a las áreas jurídicas para que procedan.
- Si se llega a detectar alguna falla o irregularidad en las evaluaciones, esto se reporta a la contraloría interna de la dependencia en cuestión con el fin de que inicie una indagatoria y deslinde responsabilidades.
La opacidad en la capital
A finales de 2015, en sus índices de Información Presupuestal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que tanto el GDF como las 16 jefaturas delegacionales tienen fallas en materia de transparencia. De hecho, las delegaciones se ubicaron entre las instancias locales más opacas por la forma en la que manejan sus presupuestos. El IMCO señaló que la Gustavo A. Madero, por ejemplo, hace pública muy poca información sobre cómo gasta los 3 mil millones de pesos que recibe del erario.
