Para defenderse, los indígenas procesados en el nuevo sistema de justicia podrán recurrir a 60 intérpretes y traductores públicos.
Agustina Girón es una chiapaneca de 34 años que se dedica a bordar artesanías. Llegó a la ciudad a los 15 años, cuando únicamente hablaba tseltal y esto le dificultaba comunicarse y conseguir trabajo. “Muchas veces me discriminaron y me insultaron, me decían mensa y pendeja y yo ni podía defenderme […] Sólo aprendiendo a escuchar fue que aprendí el español”, recuerda.
Para Agustina, quien solamente estudió hasta la secundaria en su comunidad, esa experiencia reafirmó su vocación de defender a los demás y despertó su anhelo de cursar la carrera de Derecho.
Además, la motivó a inscribirse en un diplomado organizado por diversas instituciones capitalinas, con la finalidad de capacitar a indígenas que hablen español para fungir como intérpretes y traductores en procesos penales.
El curso fue convocado por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno capitalino —a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec)—, en el contexto de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia. El cambio se concretó en junio pasado y con ello el país pasó de una lógica inquisitoria a una acusatoria y oral.
Hasta ahora, Agustina no ha estado en audiencias; sólo ha colaborado en la traducción de documentos judiciales del español al tseltal. Sin embargo, sabe que en cualquier momento pueden marcarle y decirle que necesitan su ayuda para explicarle a algún indígena de esa etnia a qué tiene derecho, de qué se le acusa o lo que puede acusar y cómo se seguirá su proceso.
Con esta capacitación a intérpretes y traductores, las autoridades buscan enfrentar el arraigado problema del menosprecio hacia los indígenas —el sector más discriminado a nivel local, según una encuesta de 2013 del Copred—, el cual también se observa en el sistema de justicia.
En las cárceles capitalinas hay alrededor de 500 indígenas. De ellos, 80% sólo habla su lengua originaria. En tanto, según cifras de la Sederec, se estima que en toda la urbe hay 129 mil indígenas, de los cuales 13% no sabe ni entiende español.
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Un derecho, no sólo una ayuda
Contar con un intérprete o un traductor durante cada etapa de un proceso judicial es un derecho humano contemplado en la Constitución. Por tanto, es deber del Estado garantizarlo, pero esto no siempre ocurre porque, por lo general, los gobiernos de América Latina consideran que dotar de estos servicios a los indígenas procesados es más una acción asistencialista que una obligación, advierte Andrés Mahnke, titular de la Defensoría Penal Pública de Chile.
“[Que alguien no tenga estos medios] es dejarlo completamente bloqueado, es como no avisarle, como si no estuviera presente, porque ni le estoy notificando válidamente, ni lo estoy imputando válidamente, ni tiene la posibilidad de defenderse. Pero permitimos que eso pase, porque no lo vemos [este servicio] como derecho humano”, dice.
En la capital, las autoridades han empezado a capacitar a 60 alumnos, de los cuales 52 son indígenas y ocho son funcionarios públicos, explica la titular de la Sederec, Rosa Isela Rodríguez. “No se puede hablar de justicia cuando se excluye a los indígenas”, señala la secretaria.
La dependencia a su cargo ya había realizado acciones en la materia. En 2015, por ejemplo, dio 115 asistencias de interpretación y traducción, de las cuales 78 fueron en el ámbito penal. En ellas se apoyó a indígenas hablantes de mixteco y náhuatl —las dos lenguas más habladas en la ciudad—, así como de mazateco, otomí, triqui, tseltal, tzotzil y zapoteco. En lo que va de 2016, se han brindado 18 asistencias de este tipo a presos indígenas.
No basta ampliar la cobertura
Además de las 60 personas mencionadas —que por convenio son capacitadas en la Universidad de Tepantlato y pueden ser llamadas cuando sea necesario—, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) también imparte cursos similares. Comenzó en 2008, cuando se aprobó la reforma de justicia penal, y desde entonces se ha capacitado a 26 indígenas que hablan náhuatl, mazateco, otomí, triqui, tseltal y purépecha. Además, a nivel nacional tiene un catálogo de 600 intérpretes y traductores para participar en audiencias.
Sin embargo, garantizar los derechos de los indígenas procesados no sólo es un asunto de cobertura, dice Alejandro Jiménez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Esto se debe a que cada lengua tiene variantes, y encontrar a la persona con el conocimiento preciso de una variante puede tomar mucho tiempo y dificultar el acceso a la justicia de un procesado.
Ante ello, y para superar el estándar rígido que marca la Suprema Corte —que pide la presencia en las audiencias de un defensor, un traductor y un intérprete—, Jiménez considera que podrían probarse nuevas modalidades. Algunas son las empleadas en Chile, donde existen gestores interculturales y un sistema de comunicación básico, al estilo binario, para que el indígena pueda entender y expresarse frente a un juez.
En cifras
- 60 intérpretes y traductores están en el diplomado de las autoridades capitalinas.
- 500 indígenas se estima que se encuentran presos en cárceles de la ciudad.
- 80% de ellos únicamente habla su lengua originaria, de acuerdo con datos oficiales.
