En tres años y medio, este gobierno ha autorizado la tala de nueve mil 436 árboles el triple que en toda la gestión anterior.
En lo que va del gobierno de Miguel Ángel Mancera, la Secretaría de Medio Ambiente local (Sedema) ha autorizado a particulares derribar nueve mil 436 árboles, más del triple de lo que la dependencia permitió durante toda la administración de Marcelo Ebrard: dos mil 857.
Para que esos derribos se llevaran a cabo, la Sedema ha otorgado 283 permisos, de acuerdo con una base de datos que Máspormás obtuvo vía transparencia y que comprende del 5 de diciembre de 2012 al 3 de mayo pasado. En contraste, en la gestión previa se emitieron 116 autorizaciones.
De los permisos otorgados durante este gobierno, 42.4% ha sido para constructoras e inmobiliarias que desarrollan conjuntos habitacionales y centros comerciales, principalmente en las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
Algunos ejemplos de estos proyectos —según la información obtenida— son Antara Pedregal, de la constructora Desarrollo Picacho, y el conjunto habitacional de la barranca de Tecamachalco, a cargo de la inmobiliaria Conjunto Parnelli.
Después de las constructoras e inmobiliarias, el sector que se ha visto más beneficiado con los permisos para talar árboles es el de las personas físicas, quienes concentran 23.7% de las autorizaciones.
El tercer lugar lo ocupan los fideicomisos bancarios, con 19.1% del total. Estos ejecutan proyectos como el centro comercial Parque Las Antenas, que Grupo Danhos construye en la delegación Iztapalapa, y los departamentos que son erigidos en barrancas con valor ambiental en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.
Los otros particulares que han recibido permisos son negocios (con 7.4%) y escuelas, supermercados, gasolineras, hospitales, hoteles y otros sin identificar (también con 7.4%, en conjunto).
¿Y la restitución?
En esta materia también se observan diferencias en el desempeño de la actual Sedema, a cargo de Tanya Müller, en comparación con la del gobierno anterior, encabezada por Martha Delgado.
De acuerdo con la Norma Ambiental 001 de la capital del país, cuando un particular derriba un árbol, puede restituirlo física o económicamente, es decir, con más árboles o mediante un pago al gobierno capitalino. En ambos casos interviene la Dirección General de Regulación Ambiental de la secretaría, para definir cuántos árboles deben plantarse o cuánto dinero debe pagarse.
Así, en el sexenio anterior la Sedema privilegió las restituciones físicas, registró que por cada árbol derribado se plantaron 6.3 y no obtuvo ingresos por restituciones económicas. En cambio, en esta gestión se registra que por cada árbol derribado se han plantado cinco y sí se han generado recursos en este rubro: 104 millones 504 mil 361 pesos, que deben ir directamente al Fondo Ambiental Público.
En resumen, durante la actual administración 58% de las restituciones ha sido de tipo económico, mientras que sólo 34% ha sido de tipo físico y en 8% de los casos se han combinado las dos opciones.
“No podemos respirar dinero”
Consultados sobre el tema, expertos en temas ambientales critican que ahora se estén privilegiando las restituciones económicas, y consideran que esto se debe a que las autoridades no están analizando adecuadamente las solicitudes de derribo y el impacto que pueden tener, en especial en momentos en los que la ciudad encara problemas de contaminación.
En marzo, la capital registró su primera contingencia ambiental en 14 años, tras lo cual las autoridades tomaron medidas como endurecer el programa Hoy No Circula y han prometido aumentar la reforestación.
Sin embargo, la información disponible del Fondo Ambiental Público indica que, de 2013 a 2015, la Sedema no autorizó recursos para realizar reforestaciones urbanas. Fue apenas este año que la secretaría anunció que se plantarían tres mil 500 árboles con una inversión de 50 millones de pesos, sin detallar de dónde provendría ese dinero.
“La ley [local de Protección a la Tierra] es muy clara al indicar que se debe priorizar la restitución física”, dice Horacio Medina, quien fue director de Reforestación Urbana en el gobierno pasado.
Luis Zambrano, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que los árboles talados no sólo dejan de filtrar el aire y generar oxígeno, sino que también dejan de ayudar a regular la temperatura de la ciudad. A su vez, esto fomenta un aumento de los niveles de ozono y la posibilidad de que se declaren más contingencias ambientales.
Sobre el asunto, se solicitó entrevista con la Sedema pero no se obtuvo respuesta antes del cierre de edición.
Frente a estos datos y al momento que vive la capital, especialistas como Paloma Neumann, de Greenpeace, exigen que las autoridades modifiquen sus criterios sobre el derribo de árboles, para que así cumplan con “defender el interés público por encima de un interés privado”.
Zambrano coincide en esto y también subraya: “Esta administración no ha entendido que no podemos respirar dinero”.
En cifras
- 9436 árboles han derribado particulares en este gobierno, con permiso de la Sedema.
- 104 millones de pesos ha recibido esta gestión por restituciones económicas de árboles talados.
- 42.4% de los permisos para efectuar derribos ha sido otorgado a constructoras e inmobiliarias.