El Distrito Federal tendrá una nueva legislación sobre desaparición, pero el gran pendiente consiste en tener un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas.
Teodulfo Torres Soriano desapareció el 24 de marzo de 2013. Ese día salió de su casa en la delegación Tlalpan y no regresó. Entonces tenía 41 años, trabajaba como plomero, carpintero y tenía un huerto urbano.
Teodulfo también era un activista que con frecuencia asistía a marchas, y grabó cuando policías federales agredieron a Juan Francisco Kuykendall (que falleció semanas después), durante las manifestaciones del 1 de diciembre del 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de México.
El nombre de Teodulfo está en los registros de personas consideradas “no localizadas” en el Distrito Federal, contabilizadas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de la Secretaría de Gobernación y que suman 655.
El gobierno local no tiene un registro sobre personas desaparecidas, aunque en los próximos meses deberá implementar el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición, luego de que entre en vigor la nueva Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal, aprobada por la ALDF en febrero pasado.
VACÍOS LEGISLATIVOS
Jorge Verástegui, integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios A.C. y uno de los activistas que ha impulsado la creación de leyes sobre desaparición de personas en México, señala que esta nueva ley es un avance, pero aún quedan huecos por cubrir.
Por ejemplo, es necesario crear protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas, porque hasta ahora, los únicos que buscan a la gente -con sus propios recursos-, son las familias.
Además, señala, se requiere integrar una fiscalía especial en el Distrito Federal, en donde se cuente con personal capacitado en materia de derechos humanos.
Dos días después de que Teodulfo Torres desapareció, algunos de sus amigos recibieron un correo electrónico de su parte, donde les informaba que no asistiría a una reunión que tenían programada para trabajar en su proyecto de huerto urbano.
“Han pasado casi dos años y ni siquiera saben de dónde se mandó el correo electrónico, no han investigado nada. (En la PGJDF) sólo nos dicen: ‘por ahí ha de andar’, no es posible que una persona desaparezca así como así y no se sepa nada más”, cuenta Mónica Torres, hermana de Teodulfo.
DESAPARICIÓN FORZADA
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, no se especifica cuántos casos corresponden a desaparición forzada y cuántos a personas que sólo están extraviadas.
En el caso de Teodulfo, se menciona que la investigación está en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Para la familia de Teodulfo y organizaciones como el Comité Cerezo México, no hay duda de que fue víctima de desaparición forzada. “Él era testigo clave para denunciar a la policía que atacó a Kuykendall. Dos semanas antes de que pudiera testificar, desapareció y hasta ahora nada se sabe de dónde está”, señala Héctor Cerezo, fundador del Comité que lleva su apellido.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que se comete el delito de desaparición forzada cuando se “arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
A la familia Torres, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) le informaron que “no hay elementos suficientes para considerarlo como desaparición forzada; no hay esa línea de investigación”, sin embargo, Mónica considera que sí los hay: “A mi hermano se lo llevaron. No sabemos quién, pero él, por su voluntad, no se fue. Nunca se hubiera ido y menos después de grabar el momento en que lastimaron a su amigo Kuy, él estaba dispuesto a testificar contra las las autoridades. Por eso se lo llevaron, para que no declarara”. máspormás solicitó la versión de la PGJDF, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
En la nueva ley se contempla castigar con 20 a 40 años de prisión a quien cometa el delito de desaparición forzada. Y otorgar una pena de 15 a 30 años de prisión, para quien comete el delito de desaparición entre particulares.
Con su publicación, se derogará el Artículo 168 del Código Penal del DF, con el que se castigaba la desaparición forzada con 15 a 40 años de prisión y 300 días de multa. Hasta ahora, en el Distrito Federal no se ha consignado a alguien por este delito.
DECLARACIÓN POR AUSENCIA
El consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva Gálvez, explica que con la nueva ley también se deberá agilizar el proceso para que los familiares puedan obtener una “declaración por ausencia”, documento que les permitirá realizar diversos trámites como reclamar los bienes de la persona desaparecida o pedir la cancelación de un crédito bancario.
En la actualidad, este documento se puede obtener después de, por lo menos, ocho años de que se reporta la desaparición de una persona. Con la nueva ley, podrá tramitarse en un lapso no mayor de cuatro meses, asegura Amieva Gálvez.
Esta ley también contempla que las víctimas directas e indirectas reciban apoyo sicológico. Pero estas novedades no servirán mucho a la familia, ya que no es retroactiva.
Aún así, dicen, no se darán por vencidos. Cada mes se presentan a la PGJDF, al Centro de Apoyo de Personales Extraviadas y Ausentes (Capea) y a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) para preguntar si hay alguna noticia de Teodulfo. Pero sigue sin haber respuestas.
DATOS
20 a 40 años de prisión es la pena que contempla la nueva ley contra quien cometa el delito de desaparición forzada.
15 a 30 años de prisión es la pena establecida en la nueva ley para quien comete el delito de desaparición entre particulares.
USTED DISCULPE…
En 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó la recomendación 4/2002, por el caso de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, quien despareció el 14 de marzo de ese año, después de que varios sujetos lo subieron a un automóvil, de acuerdo con la denuncia que presentó la madre de la víctima.
Las investigaciones mostraron que las personas que desaparecieron a Jesús Ángel eran elementos de la Procuraduría General de Justicia del DF y de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Uno de ellos estuvo preso en el Reclusorio Norte, acusado de lesiones calificadas por disparo de arma de fuego; salió de prisión gracias a una fianza el 14 de mayo de 2007.
En 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció disculpas a los familiares de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y reconocieron que se había tratado de un delito de desaparición forzada.
