La falta de planeación en las políticas públicas del STC se hizo evidente con el desmantelamiento de 80 comercios en abril de este año
Yolanda Porres es la única vendedora que conserva un local comercial abierto en el Metro Hidalgo. A su alrededor, 80 negocios fueron desmantelados por un operativo de Protección Civil, el 10 de abril de 2015, y en su lugar se colocaron paredes de madera, símbolo de la nueva imagen que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro quiere dar a sus estaciones.
Los comerciantes –mencionó la dependencia en un comunicado de prensa– realizaban actividades ajenas a las autorizadas en el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), modificaron arquitectónicamente sus negocios y colocaron nuevas luminarias sin autorización, lo que justificó el desalojo de las Líneas 2 y 3, así como la revocación de sus licencias.
Sin embargo, Yolanda –quien maneja productos naturistas desde hace más de un década– se amparó en contra de la decisión de justicia y logró demostrar que nunca había modificado el espacio asignado sin el consentimiento del Metro, no vendió jamás piratería ni usó estufas de gas, tenía una bitácora de ventas diarias y pagaba a tiempo su renta, sus impuestos y el seguro social de sus empleados.
Según el encargado de la tienda naturista, Jorge Martínez, en Hidalgo había locales que llevaban más de 35 años de existencia, entre ellos un comercio de películas, una cafetería y otra tienda naturista, que nunca habían sido clausurados. Pero el problema vino cuando, en 2009, el Metro invirtió 16 millones 155 mil pesos para crear 310 nuevos puestos fijos que se repartieron en Tacubaya, Jamaica, Martín Carrera, Pantitlán, Cuatro Caminos e Hidalgo, con la finalidad de que los ambulantes dejaran los vagones y se integraran al mercado de venta formal, bajo la figura de PATR.
El año siguiente hubo otro aumento de comercios: en acción conjunta con el GDF, Francisco Bojórquez, exdirector del STC, otorgó espacios en 11 líneas de la red para colocar 240 tarimas en las que invitaron a 294 invidentes –quienes también laboraban en los vagones– a vender diversos productos empaquetados. Hasta que, en total, llegó a haber dos mil 500 establecimientos afincados en 11 líneas del subterráneo, para un población flotante de 5.3 millones de usuarios diarios.
La bipolaridad del metro
En 2013, sin embargo, el director del Metro, Joel Ortega Cuevas, dio un giro a la política de apoyo al comercio interior del STC. En su primer informe declaró que la autorización de tantos PATR’s generó desorden, complicó el libre flujo de usuarios, aumentó la temperatura ambiente por el uso intensivo de aparatos electrodomésticos y afectó la imagen del Metro, por lo que había que retirar a los comercios.
Para llevar a cabo esta acción, el STC pagó a la UNAM 32 millones 747 mil 442 pesos para realizar siete estudios en materia de Protección Civil y seguridad al interior del Metro.
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para Seguridad (CIDETES) de la Facultad de Ingeniería de la UNAM entregó en enero de este año el primero de ellos, denominado “Estudio de los espacios y locales comerciales de estaciones críticas seleccionadas por el STC Metro para determinar sus implicaciones en el calentamiento y la seguridad integral de las instalaciones”, cuyos resultados señalaron que 21% del calor registrado en el Metro –el cual en ocasiones asciende a 40 grados centígrados- provenía de los locales comerciales. En el Metro Hidalgo, aseguró la institución en un boletín, se generaron cerca de 14 mil 660 watts de calor en un espacio de tan sólo 819 metros cuadrados.
Aunque el estudio se hizo con recursos públicos, la información completa nunca se reveló e incluso el coordinador del CIDETES, Alberto Lepe, rechazó revelar detalles del estudio para el que firmó una cláusula de confidencialidad.
El STC también rechazó pronunciarse al respecto, aunque en su página web aclara que el análisis incluyó a 49 estaciones más, repletas de locales que podrían vivir el mismo destino que los comercios de la estación Hidalgo.
Para el investigador Francisco Alvarado, de la UACM, esta medida abre un campo de oportunidad para el sistema de transporte, ya que podría mejorar sus instalaciones, beneficiando la movilidad del usuario y reordenando los comercios que son fuentes de empleos.
Por su parte, Gersón Hernández, académico de la UNAM, opina que las políticas de la dependencia son incongruentes y que “el único mensaje que está enviando el Metro a las personas que hoy están en el área del comercio formal es que es más rentable vivir en la ilegalidad”.
Ante la medida, Víctor Velázquez, invidente que tenía un espacio comercial en la estación Hidalgo, asegura que si el gobierno no le regresa su lugar de trabajo, volverá a vender en los vagones, porque “de algo tiene que comer”.
¿Y LOS INFORMALES?
En julio de 2014, el STC Metro aumentó la tarifa del boleto a $5; una de las promesas fue que con este incremento se trabajaría en mejoras de infraestructura y el retiro de vagoneros de la red.
Según el padrón de la Secretaría de Desarrollo Económico del DF, son dos mil 689 los comerciantes informales que no han podido ser retirados en su totalidad de los vagones del transporte.
El plan del Metro es que las 11 líneas repliquen lo que acontece en la Línea 12, en donde está prohibido el ambulantaje y no existen permisos para operar locales comerciales.
EL TESTIMONIO DE DOS USUARIOS DEL METRO:
LOS OTROS COMPROMISOS:
- Comprar tres mil 705 ventiladores para bajar las temperaturas en los vagones de los trenes antes del primer trimestre de 2016.
- Renovar y remodelar la Línea 1 del Metro, con asesoría del sistema de París, Francia.
- Incorporar mil 200 policías para fortalecer la seguridad del Sistema Metro e inhibir el comercio informal.
EL METRO, UN ESPACIO PARA EL COMERCIO AMBULANTE:
