Desde hace 38 años, la propiedad y el destino del parque Reforma Social enfrentan a particulares y vecinos de varias colonias de la delegación Miguel Hidalgo.
Gustavo Sánchez tiene 60 años viviendo en la colonia Reforma Social. Es una de las cinco mil 800 personas que habitan en esta zona de la delegación Miguel Hidalgo, que colinda con Lomas de Chapultepec, Polanco, Anzures, Bosques y Granada, en la cual, desde hace 38 años, se libra una disputa legal por el único parque de los alrededores.
Se trata del parque Reforma Social, asentado en un terreno que el gobierno federal compró en 1946 a Carlos Cuevas Lascurain y creado oficialmente —por un decreto presidencial de José López Portillo— en 1977. Sin embargo, ese mismo año los herederos de Cuevas Lascurain promovieron un juicio de amparo, con lo que arrancó una batalla por la propiedad del espacio.
El pleito dio un giro en 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó devolver el lugar a la familia. Y dos años después, ésta dio a conocer que vendería el predio para que ahí se construyeran seis torres con mil 272 departamentos y dos mil 96 cajones de estacionamiento.
Fue a partir de ese anuncio que se conformó la Asamblea de Vecinos por la Defensa del parque Reforma Social, de la que Gustavo y otros habitantes forman parte bajo el lema “El parque es nuestro”.
“El parque es el único espacio que tenemos en kilómetros a la redonda. Es un beneficio para la ciudad, uno de los pocos pulmones que quedan y que podría sumarse a la lista de áreas verdes destruidas para el enriquecimiento momentáneo de unos cuantos”, dice Adriana Bermeo, representante de la agrupación.
Sus argumentos buscan sustentarse en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual cada persona necesita al menos 9.2 metros cuadrados de área verde para mantener una buena calidad de vida. Sin embargo, en el DF cada residente tiene sólo 5.3 metros cuadrados, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente local (Sedema).
Daniel Rivas, doctor en Diseño Urbano, respalda la demanda de los vecinos. “[Los parques] son clave para el desarrollo de una ciudad. Las pérdidas que la reducción de áreas verdes nos traen como sociedad no son visibles inmediatamente, pero representan menor salud física y mental e, incluso, menor seguridad”, dice.
La familia, en tanto, asegura apoyar la existencia de áreas verdes, pero se queja de las acciones de los vecinos, pues cree que vulneran sus derechos humanos y de propiedad. Así lo establecieron los herederos en un desplegado publicado en medios en 2010, en el que también dijeron estar dispuestos a donar 50% del predio siempre que en el resto se les permitiera desarrollar los departamentos.
Para profundizar en el tema, en varias ocasiones se buscó al abogado de los familiares, Alfredo Woolrich, quien rechazó conceder entrevistas.
El estira y afloja
Hoy, aunque el terreno legalmente pertenece a los particulares, estos no han podido iniciar la construcción del desarrollo inmobiliario porque el certificado de uso de suelo lo cataloga como área verde.
La familia busca en tribunales que esto se modifique para así tener luz verde para la construcción, pero la próxima audiencia judicial, en la que también participará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), está programada hasta el próximo 30 de noviembre.
El jaloneo por el parque hizo que el anterior delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, se comprometiera en 2014 a impulsar un fideicomiso de 100 millones de pesos para comprar el predio a los herederos. Sin embargo, el ahora diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumenta que esto no fue posible durante su gestión, por lo que plantea una alternativa: ofrecer a la familia un predio de la delegación en la colonia Anáhuac, con un valor de 130 millones de pesos.
La sucesora de Romo, Xóchitl Gálvez, de Acción Nacional (PAN), también asegura que su administración tomará cartas en el asunto. “Agotaremos todos los recursos legales y económicos a fin de que la familia propietaria se sensibilice con el valor social y ambiental de este espacio”, enfatiza.
Mientras tanto, los vecinos agrupados en la asamblea continúan vigilando el parque. Incluso se organizan para hacer tareas de limpia y poda porque, desde que se le catalogó como propiedad privada, no recibe los servicios de la delegación.
“No queremos ser una ciudad perdida entre edificios, sin áreas verdes. No queremos una [ciudad] en donde contemos a los niños que alguna vez cerca de sus casas hubo un parque, en donde se jugaba, con árboles y pasto, pero que fracasamos y, aunque lo defendimos, lo perdimos, que fue más fuerte la presión inmobiliaria que sus espacios”, concluye Gustavo.
La historia detrás de la colonia Reforma Social
El nacimiento de la colonia Reforma Social se remonta a los 40. En ese entonces, personas conocidas como paracaidistas establecieron un asentamiento irregular en las minas de arena de la Loma San Isidro de la Hacienda de los Morales, que pertenecía a la familia Cuevas Lascurain. El gobierno federal compró a esta familia una parte del terreno, en la que se conformaron seis colonias, entre ellas Reforma Social. Fue hasta 1966 que la situación de los pobladores empezó a regularizarse con la entrega de escrituras.
