Apenas 60% del DF es accesible para personas con discapacidad, lo que expertos atribuyen a que la ley es laxa con los locales que ignoran a este sector.
Julieta Maruri se acuerda de un restaurante, ubicado en Churubusco, que le gusta pero al que ya ni siquiera sueña con ir. No porque sea un establecimiento lujoso o de precios exorbitantes, sino porque para entrar hay que subir una escalera larguísima.
“Simplemente ya no voy. También me pasa en los cines y en los hoteles”, dice la mujer de 49 años, quien utiliza silla de ruedas porque desde que tenía cuatro años no puede usar sus piernas debido a la poliomielitis que padeció.
Como ella, las casi 500 mil personas con discapacidad que viven en la Ciudad de México —de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)— enfrentan diferentes dificultades para entrar a lugares, una situación que refleja problemas de accesibilidad y discriminación.
A pesar de los esfuerzos de la última década, el Distrito Federal sigue sin ser completamente amigable con este sector de la población, pues apenas 60% de la capital es accesible para estos ciudadanos, señala Laura Bermejo, vicepresidenta de la asociación Libre Acceso. Esta organización promueve la movilidad para las personas con discapacidad, de quienes este jueves se conmemora su día internacional.
“La accesibilidad se ha manejado a voluntad y digamos que a capricho de la gente, en el sentido de que no hay una sanción. Si tú abres un establecimiento y no lo haces accesible, nadie viene y te lo clausura”, asegura Bermejo, al sostener que el principal problema en esta materia radica en que las leyes son laxas.
Por ejemplo, la Norma Complementaria del Reglamento de Construcciones del DF señala lineamientos básicos de accesibilidad en las obras, como la construcción de rampas de acceso, sanitarios y estacionamientos accesibles, pavimento táctil y señalizaciones en braile. Sin embargo, no indica cuál es la sanción si el inmueble carece de alguno de estos elementos.
Otra muestra del problema es la Ley de Integración para las Personas con Discapacidad del DF. En su artículo 29 señala la obligación de hacer accesibles los espacios abiertos al público como plazas comerciales, centros culturales y de entretenimiento bajo pena de una suspensión, pero carece de reglamento y, por lo tanto, no determina quién debe hacer la inspección ni aplicar la sanción.
En el mejor de los casos, una persona con discapacidad puede ejercer presión para hacer que un lugar sea accesible con ayuda de autoridades conciliatorias, como las comisiones nacional y local de derechos humanos y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
“Un restaurante que no tiene una rampa sí está cometiendo una conducta discriminatoria porque hay alguien que no puede entrar ahí. [Los locatarios] discriminan, unos sí y otros no”, explica Jacqueline L’Hoist, presidenta del Copred.
Avances insuficientes
Hace una semana, Julieta tuvo que esperar a que un taxi se decidiera a llevarla. Pasaron cuatro y ninguno aceptó. El quinto sólo lo hizo después de que la mujer lo amenazó con denunciarlo.
Aunque hace más de un año inició el programa de taxis preferentes en el DF —con 120 unidades con rampa para transportar a pasajeros en silla de ruedas—, Julieta cree que son insuficientes.
“Casi no hay, lo he tomado como cuatro veces pero por aquí [en la delegación Iztacalco] casi no pasan. Entonces sale lo mismo, no le veo un gran cambio”, dice.
Para ella, el transporte es un asunto prioritario. Por lo general se traslada en taxi y a veces, aunque no sin dificultades, en Metro y Metrobús.
En el Metrobús, considerado 100% accesible, existen rampas para entrar a las estaciones pero varias veces le ha ocurrido que las puertas prensan su silla. Y en las estaciones del Metro que no cuentan con elevador, ha tenido que esperar hasta 45 minutos para que alguien le ayude.
“Luego la gente es insensible, como que piensan que estás pidiendo limosna, en serio. Te sacan la vuelta”, se queja.
Pese a estas dificultades, los capitalinos con alguna discapacidad —motriz, auditiva o visual— cada día se desplazan por el DF y algunos se organizan para exigir mejoras en la infraestructura local.
Fidel Pérez de León, director del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF (Indepedi), cree que la visibilidad que poco a poco ha ganado este sector obligará a que las autoridades atiendan sus necesidades y promuevan los cambios necesarios a nivel de leyes y de políticas públicas. Incluso, urge a que esto suceda.
“Venimos de una ciudad donde no ha habido un control en el crecimiento urbano y lo que menos ha importado son las personas con discapacidad”, reconoce.
Vías al remedio
Algunos especialistas creen que estas son formas de resolver los problemas de falta de accesibilidad:
- Para los edificios e instalaciones ya construidos y los que están en proceso, hace falta una legislación que prevea sanciones para quienes no propicien espacios accesibles, así como una autoridad que se encargue de verificarlos.
- La experta Laura Bermejo argumenta que esto se debe a que 90% de las razones por las que un lugar no es accesible es: “Nadie te obliga a hacerlo”.
- En 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Accesibilidad del DF, que preveía sanciones para quienes no cumplieran con los criterios mínimos en el tema. Sin embargo, la normativa fue regresada a la ALDF para que sea discutida nuevamente en esta Legislatura.
- Según Berjemo, además de refozar las sanciones, una solución de raíz sería llevar a cabo labores de sensibilización en sectores estratégicos de la población, como los niños, principalmente haciendo accesibles todas las escuelas de educación básica.
- “Un niño eventualmente se convierte en adulto y, si su entorno lo ve accesible de manera natural, va eliminando los problemas de ahora y a futuro”, opina la especialista.
DF accesible, ¿poco a poquito?
La Ciudad de México ha tenido avances en materia de accesibilidad, a pesar de que persisten las dificultades para entrar en numerosos establecimientos o para transitar libremente por la capital. Por ejemplo, para finales de 2015, se espera que las instalaciones del Metro cuenten con al menos 120 elevadores. Además, los principales edificios públicos, sobre todo aquellos a los que los ciudadanos deben acudir para realizar trámites, tienen parámetros universales de accesibilidad o están bajo adecuaciones.
